Ferrovial demanda a Acciona en Estados Unidos por presunto espionaje industrial
Ferrovial ha interpuesto una demanda contra Acciona en tribunales de Estados Unidos por un supuesto plan de espionaje industrial y robo de información confidencial, según informa este miércoles Expansión. La compañía que preside Rafael del Pino acusa a su competidor de haber orquestado la contratación de varios directivos y empleados que, presuntamente, habrían transferido miles de documentos sensibles para obtener ventaja en grandes licitaciones de infraestructuras valoradas en miles de millones de euros.
La denuncia, presentada ante un tribunal federal en el distrito norte de Georgia, sostiene que Acciona vulneró leyes estadounidenses de protección de secretos comerciales tanto a nivel federal como en los estados de Georgia y Texas. Ferrovial reclama que la información sustraída no pueda utilizarse y solicita una indemnización "ejemplar y punitiva" por los daños causados.
Este conflicto judicial llega después de que Acciona, en consorcio con ACS, ganara en 2024 una adjudicación de 4.200 millones de euros para la construcción de la autopista SR-400 en Atlanta, precisamente frente a Ferrovial. Ahora, ambos grupos compiten por otro gran contrato en la misma región: la carretera I-285, un proyecto estimado en 3.000 millones.
En su defensa, Acciona rechaza categóricamente los cargos y considera que la demanda carece de fundamento. Según el escrito remitido al tribunal al que ha tenido acceso Expansión, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales afirma que no hay pruebas de que se utilizara información confidencial y que los empleados contratados no tenían prohibido conservar documentos. La empresa denuncia que Ferrovial recurre a "lenguaje inflamatorio" y a alegaciones sin sustento fáctico.
Expansión explica que el conflicto comenzó en noviembre de 2024 cuando un directivo de Ferrovial en Atlanta, Jesús González Fernández, renunció y se unió a Acciona tras descargar más de 100.000 documentos confidenciales. Ferrovial denunció inicialmente a González y, tras investigar, acusó también a otros cuatro exempleados que habrían hecho lo mismo, en lo que califica de “plan coordinado” para transferir información sensible y obtener ventaja en licitaciones.
Acciona niega haber solicitado o usado dichos datos y defiende que estos cambios de empleo son habituales en el sector. Como medida cautelar, la jueza ordenó devolver los documentos y prohibió utilizarlos mientras continúa el proceso.
