Los Técnicos de Hacienda piden reforzar la transparencia e incompatibilidad ante el caso Plus Ultra

Según Gestha, "la insuficiente transparencia que rodea las relaciones entre grandes sectores económicos y responsables públicos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que es necesario avanzar en la regulación de la actividad de influencia, la incompatibilidad, la transparencia y el fortalecimiento de la integridad institucional".

De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda creen que el principal problema no reside únicamente en la existencia de actividades de representación de intereses mediante lobby -que deberían estar reguladas por ley y que deberían estar prohibidas para quienes han sido altos cargos, altos funcionarios y para quienes han ejercido puestos de representación públicas-, sino en la insuficiente transparencia que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grandes intereses económicos.

Por lo que piden establecer la obligación de hacer públicas las agendas sin limitaciones. En concreto, los técnicos de Hacienda proponen las siguientes medidas esenciales para regular la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés en España.

Creación de un Registro de Grupos de Interés público y obligatorio gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses, que permitirá conocer la identidad de los lobistas y sus relaciones con los responsables públicos, cuya inscripción en el registro podrá revocarse en los casos más graves.

Código de Conducta obligatorio de los lobistas sometido a principios éticos estrictos, incluyendo la prohibición de ofrecer regalos o beneficios de cualquier clase a los cargos públicos. También proponen que las infracciones graves y graves sean de conocimiento público.

Refuerzo de las incompatibilidades tras el cese de funcionarios y de los altos cargos, que tendrán prohibido realizar actividades profesionales de influencia en materias relacionadas con sus competencias previas, y no que se permita ser lobista a los dos años siguientes a su cese.

Publicidad de agendas y documentos de los cargos públicos. Gestha defiende que la ley obligue a publicar con personas o entidades se reúnen, los asuntos que se tratan y los documentos que se presentan en dichas reuniones. Ampliación del régimen de responsabilidad de los gestores públicos para establecer unas obligaciones equivalentes de transparencia, código ético a los responsables públicos que toman las decisiones en la Administración.

Implementación de un registro de las aportaciones y contactos mantenidos por grupos de interés durante la elaboración de cualquier norma o política pública. Fortalecimiento de los órganos de control y supervisión, tanto externos como internos (Tribunal de Cuentas y Cámaras de Cuentas de las CCAA, así como la Intervención General de la Administración del Estado y los órganos de control interno de CCAA y Entidades locales),

Creación de la Agencia independiente de Integridad Pública para una gestión e investigación centralizada, dirigida por una nueva Autoridad nombrada por el Congreso por un plazo de seis años para garantizar la independencia del Gobierno. Ampliación de la prescripción de delitos: proponen endurecer las penas de los delitos de corrupción, que pasarán de prescribir en cinco años a siete años, para facilitar las investigaciones complejas.

Recuperación de lo robado y beneficios penitenciarios para que solo se pueda acceder a beneficios penitenciarios tras la reparación económica del daño causado al patrimonio público. Uso de Inteligencia Artificial para ayudar a detectar indicios de conflictos de intereses en los procesos de gasto, contratación y subvenciones del sector público. Implementación obligatoria de planes estratégicos para prevenir el fraude para que las administraciones y grandes empresas identifiquen sistemáticamente sus áreas vulnerables al fraude y diseñen planes para prevenirlo.

Gestha insiste en que este debate debe abordarse desde el consenso político para proteger la autonomía del poder público frente a determinados intereses económicos.