El Supremo de EEUU muestra dudas sobre la legalidad de los aranceles de Trump
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha comenzado a escuchar este miércoles los argumentos orales para determinar si los aranceles implementados por el presidente Donald Trump son legales, y en esta primera sesión ha mostrado dudas sobre la validez de las tarifas.
Los magistrados que integran el tribunal, tanto conservadores como liberales, cuestionaron con dureza al procurador general D. John Sauer sobre los métodos elegidos por Trump para aprobar los aranceles, ya que podrían entrar en conflicto con la facultad del Congreso para recaudar impuestos.
En su primera intervención, a la que ha tenido acceso CNBC, Sauer ha defendido las tasas al asegurar que "son aranceles regulatorios" y no "recaudatorios". Además, ha recordado que el presidente del país tiene la potestad de regular el comercio exterior. El procurador ha asegurado que "el hecho de que generen ingresos fue solo incidental".
"Usted dice que los aranceles no son impuestos, pero eso es precisamente lo que son. Están generando dinero a costa de los ciudadanos estadounidenses, ingresos", ha respondido la jueza Sonia Sotomayor.
Por su parte, el juez Neil Gorsuch ha puesto el foco en que la aprobación de los aranceles no ha estado respaldada por el Congreso, ya que Trump los adoptó de manera unilateral declarando una situación de emergencia en el país relacionada con el tráfico de fentanilo.
"¿Qué sucede cuando el presidente simplemente veta la legislación para recuperar estos poderes?. En la práctica, el Congreso no puede recuperar este poder una vez que se lo ha cedido al presidente. Es un mecanismo irreversible que conduce a la acumulación gradual pero continua de poder en el poder ejecutivo, en detrimento de los representantes electos del pueblo", ha destacado Gorsuch.
El caso llega al Alto Tribunal estadounidense después de que varios fallos en instancias menores hayan dictaminado que el republicano invocó indebidamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, o IEEPA, para aplicar su política comercial.
El resultado es incierto y podría afectar de manera significativa a la economía mundial, a las empresas estadounidenses y a los consumidores. De hecho, una parte importante de la agenda de política económica del gobierno estadounidense está en peligro.
"Nuestros fundadores otorgaron ese poder tributario exclusivamente al Congreso. No creemos que la IEEPA permita este desmantelamiento del sistema mundial", ha destacado el abogado de la parte demandante Neal Katyal.
