El PP recurre la ley Celaá ante el Tribunal Constitucional: "Es un ataque a la libertad"

Casado ha presentado el recurso junto al presidente de UPN, Javier Esparza, en un acto celebrado en un colegio concertado en Madrid, con la participación de la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, y el director del centro, Juan Ramón de la Serna. El líder de los populares ha asegurado que la norma conlleva una serie de "problemas de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo".

Según ha detallado, la Ley Celaá es un "atentado contra la libertad" de elección de centro educativo, para escoger la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad.

En este sentido, el presidente del PP ha lamentado "las palabras impresentables e inadmisibles" de Isabel Celaá, la titular de la cartera de Educación y FP, tras su respuesta al diputado popular Juan José Martí, padre de una hija con síndrome de Down, en el Pleno del Congreso del miércoles. "En mi opinión, merecería su cese inmediato", ha subrayado Casado.

El líder de los populares ha defendido la "legitimidad" del PP para afirmar que intentó llegar a un Pacto Educativo "desde el principio" y ha recriminado al Ejecutivo de Pedro de Sánchez "no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma" por la pandemia del coronavirus.

LA LENGUA COMO INSTRUMENTO DE INGENIERÍA SOCIAL

Respecto a la unidad del sistema, Pablo Casado ha dicho que "claramente esta ley conculca lo que es una riqueza" y que "ataca al castellano como lengua vehicular en toda España". "Lo que resulta ridículo es que, además, se utilice la lengua como instrumento de ingeniería social para intentar tejer esos compartimentos estancos en las comunidades autónomas donde el nacionalismo está gobernando, como es el caso de Navarra, como es el caso del País Vasco, como es el caso de la Comunidad Valenciana, de Baleares o, por supuesto, de Cataluña", ha afirmado.

Para el presidente del PP, es necesario que haya un 65%, al menos, de materias troncales frente al "uso torticero de la educación al servicio de intereses partidistas". El tercer punto en el que se está conculcando la unidad del sistema, según ha indicado Casado, es que la ley deriva la inspección educativa a las comunidades.

Por otro lado, los populares creen que la ley va contra la calidad educativa porque permite "pasar de curso con más asignaturas suspensas, incluido las troncales" y rechaza las evaluaciones de conocimientos y una EBAU nacional para el acceso a la universidad.

Según ha asegurado Casado, el PP ha abordado este tema con UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria, PNV e incluso con "algún partido nacionalista catalán", aunque como el debate coincidió con el de los Presupuestos Generales del Estado, "prevaleció completamente esa negociación".

"Nosotros lo hemos intentado", ha insistido, para después añadir que el objetivo del PP es que la ley no llegue a entrar en vigor. Además, ha recordado que en las comunidades en las que gobiernan los populares ya se han tomado medidas para evitar que entraran en vigor ciertos preceptos de la LOMLOE. "Ya estamos haciendo lo que nos toca gracias a que el Estado autonómico permite ciertos contrapesos a los malos gobiernos cuando es el caso", ha zanjado.

UPN: "ROMPE CON EL CONSENSO"

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado que la Ley Celaá es una norma que "rompe con el consenso educativo" y "recorta derechos". "No sobran los motivos para presentar este recurso de inconstitucionalidad que lo que busca y lo que creo que tiene que tener como objetivo es paralizar este ataque frontal a los derechos de las familias en primer lugar, pero luego también buscar el consenso, buscar un gran acuerdo, que es lo que necesita este país, que es de donde se está alejando precisamente esta ley", ha remachado.

"Lo único que queremos es educar a nuestros hijos de la mejor manera posible y creemos y confiamos en que para que eso pueda ser una realidad lo más importante es que podamos elegir el centro educativo que queremos para nuestros hijos", ha indicado la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara.

El PP contrató al bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, para recurrir ante al Constitucional la nueva Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá, según informaron a Europa Press fuentes populares.

VOX YA HABÍA PRESENTADO UN RECURSO CON ANTERIORIDAD

El Grupo Parlamentario Vox ya había presentado este jueves otro recurso de inconstitucionalidad contra la ley educativa. Según la formación liderada por Santiago Abascal, el recurso se presentó contra lo que Vox considera "la parte más sectaria de la ley", aquella que guarda relación, según ellos, con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.