La CNMC pide ajustar la regulación del secreto profesional de los periodistas para alinearla con la normativa europea

La CNMC recuerda que la protección del secreto profesional es esencial para garantizar la libertad de información, el pluralismo democrático y la confianza en los medios. En este sentido, subraya que el artículo 20.1.d) de la Constitución Española reconoce el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión y atribuye al legislador la obligación de regular el secreto profesional, una tarea que hasta ahora no se había desarrollado mediante una norma específica.

El informe sitúa el anteproyecto en el nuevo contexto normativo europeo tras la aprobación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (Reglamento 2024/1083), que establece un marco común para los servicios de medios en la UE y obliga a los Estados miembros a garantizar estándares mínimos de protección del secreto profesional. Para la CNMC, este reglamento refuerza la necesidad de una regulación nacional armonizada.

En su valoración, el organismo destaca que el anteproyecto concibe al periodista como un agente social de la información y a las empresas periodísticas como entidades que participan en el ejercicio de un derecho fundamental para la democracia y en la lucha contra la desinformación y los discursos de odio, que en ningún caso pueden quedar amparados por el secreto profesional. Al mismo tiempo, advierte de que sin una protección adecuada del secreto profesional podría verse disuadida o distorsionada la libre circulación de fuentes hacia los medios, con efectos negativos tanto para la competencia como para el derecho constitucional a la información.

Entre sus recomendaciones, la CNMC sugiere ajustar las definiciones de "profesionales de la información" y "servicio de medios de comunicación" para alinearlas mejor con la normativa europea, así como incluir de forma universal a los Usuarios de Especial Relevancia en la definición de prestadores de servicios de medios. También plantea la necesidad de clarificar en qué supuestos podrían interceptarse las comunicaciones electrónicas de los periodistas cuando se investiguen delitos de terceros no amparados por la ley.

El organismo señala además divergencias entre el enfoque del reglamento europeo y el anteproyecto en lo relativo a la tutela judicial efectiva. Mientras que la normativa comunitaria exige la existencia de una autoridad independiente especializada y solo de forma supletoria el recurso a mecanismos de autorregulación, el anteproyecto se centra en facilitar estos mecanismos. Por ello, la CNMC propone concretar las autoridades competentes y clarificar el alcance del mandato de facilitar la autorregulación.

Finalmente, el informe apunta que, en ausencia de una entidad independiente creada específicamente para estas funciones, y en el caso de que la autoridad designada fuera la propia CNMC, sería necesario introducir las competencias correspondientes en su normativa reguladora, recordando que el organismo puede actuar de manera consultiva tanto a solicitud de distintas instituciones como de oficio.