La justicia avala las ayudas públicas de Suecia y Francia a aerolíneas recurridas por Ryanair
El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha avalado las decisiones de la Comisión Europea que autorizaron un esquema de avales crediticios para las aerolíneas de Suecia y la moratoria de impuestos aprobada por Francia para las empresas de transporte aéreo, medidas que habían sido recurridas por la aerolínea irlandesa Ryanair.
La Comisión Europea había validado estas operaciones gracias a la flexibilización de sus normas de ayudas estatales al inicio de la pandemia, que les ha permitido dar luz verde a planes de apoyo de los Estados miembros para revitalizar determinados sectores económicos tras el golpe del coronavirus.
La corte europea de primera instancia ha emitido este miércoles dos sentencias en las que desestima los recursos presentados por Ryanair contra estos esquemas y señala que ambos sistemas de ayudas son conformes al Derecho europeo, según informa Efe. Afirma además en ambos casos que las medidas adoptadas no van más allá de lo necesario para hacer frente al grave perjuicio económico causado por la pandemia y que no son discriminatorias. Es la primera vez que la justicia europea analiza regímenes de ayudas públicas concedidos para hacer frente a la pandemia.
En el caso de Suecia, el Gobierno puso en marcha un sistema de garantías crediticias por un total de 5.000 millones de coronas suecas (455 millones de euros) para facilitar liquidez a las aerolíneas de país, una medida que recibió el visto bueno de la Comisión Europea en abril pasado. Francia, por su parte, recibió luz verde de Bruselas en marzo de 2020 para aplicar una moratoria en el pago de ciertas tasas a la aviación, uno de los sectores más duramente golpeados por la pandemia.
Además de estas dos medidas, Ryanair ha recurrido ante la justicia europea las decisiones de la Comisión Europea que avalaron distintas formas de ayudas públicas y rescates a Air Europa, SAS, Finnair, TAP, Air France, KLM, y Lufthansa, casos aún por resolver.
Las sentencias del Tribunal General pueden recurrirse en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, máxima instancia judicial comunitaria, en un plazo de dos meses y diez días.
