El juez rechaza la petición de retirar el cartel de Vox sobre menores extranjeros
El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en funciones de guardia de diligencias, ha rechazado retirar de forma cautelar el cartel electoral de Vox sobre los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) al estimar que no se dan las circunstancias necesarias para adoptar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, es decir, no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho.
Una vez tramitada la medida cautelar, será el Juzgado de Instrucción 53, órgano que conoce de la causa, el que continúe el procedimiento instado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito de odio.
La Fiscalía había pedido la retirada inmediata del cartel en el que Vox compara las ayudas para los menores no acompañados y las pensiones de la tercera edad. El Ministerio Público, que abrió este martes una investigación para comprobar si esta propaganda encaja con la comisión de un delito de odio, ha denunciado los hechos y reclamaba la eliminación cautelar de la publicidad colocada en la estación de Cercanías en la Puerta del Sol y de "todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado".
En el cartel se compara el coste mensual de los menores extranjeros no acompañados ("Un mena 4.700 euros al mes") con la pensión que reciben los mayores ("Tu abuela 426 euros de pensión/mes").
El Ministerio Público considera en el contenido del cartel incluye "una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado".
La medida cautelar planteada por la Fiscalía obedece a que estos menores no nacionales, "carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional". Eso les convierte en un colectivo "doblemente vulnerable", tanto por la edad como por el desarraigo estructural con causa en su origen extranjero, "lo que no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos", indica la denuncia.
