Anticorrupción pide 9 años para Jordi Pujol y 29 para su primogénito por cinco delitos
La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental en relación con la gestión de su patrimonio.
Para el resto de los hijos, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola reclama ocho años de cárcel, excepto para Josep que pide 14 años de cárcel. Además, fija una multa por el delito de blanqueo de capitales de 38,7 millones de euros, a los que hay que sumar otras cantidades en otras monedas.
A los empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil, según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal.
MARTA FERRUSOLA
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar para Marta Ferrusola, la matriarca del clan Pujol, la causa sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex presidente catalán Jordi Pujol y su familia, debido a su estado de salud.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha accedido así a la petición formulada por la defensa de Ferrusola, que había solicitado el archivo para ella alegando que sufre demencia y aportando documentación médica para acreditarlo.
La Fiscalía pidió un examen médico forense y, una vez realizado, decidió no oponerse al archivo, sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación. En su auto, Pedraz indica que "deben tenerse en cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso y que se describen por la médico forense".
Ferrusola fue procesada por integrar presuntamente, junto a su familia, una organización criminal destinada a acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas". Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
