Ayudas de 150 millones para llevar el 5G a zonas rurales, carreteras y ferrocarril
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las bases que regulan la concesión de las ayudas del Programa UNICO 5G Redes Pasivas para impulsar y acelerar el despliegue de la tecnología 5G en carreteras y ferrocarriles (nacionales y transfronterizos) y en determinadas zonas rurales que cumplan unos requisitos. El programa cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros.
Según detalla el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, esta orden de bases establece el marco para el lanzamiento de las convocatorias.
Estas infraestructuras pasivas (torres, mástiles, infraestructura backhaul…) son necesarias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles en zonas donde no hay cobertura y no está previsto que se proporcione en los próximos años. Es el primer paso para extenderla a todos los ámbitos territoriales, con atención especial a las zonas rurales.
El programa cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros para impulsar el despliegue en carreteras y ferrocarriles nacionales y transfronterizos y zonas rurales y permitirá la actualización de emplazamientos existentes y el desarrollo de nuevos emplazamientos 5G por todo el territorio nacional con una cobertura no adecuada.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con una intensidad máxima del 95%, atendiendo a cuatro zonas geográficas.
La zona 1 (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, y Castilla y León) tiene un presupuesto de 52,9 millones de euros; la zona 2 (Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja), de 33 millones de euros; la zona 3 (Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias), de 30 millones de euros; y la zona 4 (Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares, Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad Autónoma de Melilla), de 34,5 millones de euros.
El programa UNICO 5G Redes - Pasivas está destinado a operadores de telecomunicaciones debidamente habilitados. Las bases establecen que los beneficiarios tendrán la obligación de permitir el acceso a las infraestructuras pasivas subvencionadas al menos a cuatro operadores de servicios de comunicaciones electrónicas.
