Facua denuncia a una treintena de inmobiliarias por vulnerar la ley de vivienda
La organización de consumidores Facua ha presentado denuncias contra un total de 33 agencias inmobiliarias por vulnerar el precepto de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que establece que no pueden cobrar por sus servicios a los usuarios que terminen alquilando un piso a través de ellas.
La asociación ha asegurado que lleva recibiendo desde finales de mayo numerosas peticiones de consumidores para conocer sus derechos ante esta práctica irregular y para solicitar que denuncie a las agencias que la están cometiendo.
Además, Facua está realizando "un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar" a las inmobiliarias que incumplan la nueva normativa, por lo que anunciarán "nuevas denuncias en breve".
Por ahora, son hasta 33 agencias las que la asociación ha denunciado por esta irregularidad, todas ellas radicadas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca. Además, algunas de las denunciadas poseen propiedades en alquiler en diferentes municipios por toda España.
La entrada en vigor, el pasado 26 de mayo, de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, ha realizado una modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 que hace que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato sean a cargo del arrendador".
No obstante, Facua ha detectado que las agencias están recurriendo a diferentes trucos y argucias para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria o sus honorarios, pese a que la ley establece de forma expresa que deben correr a cargo del arrendador.
Entre ellos, se encuentra el decir que la cuota se corresponde a la realización de un "estudio de viabilidad y solvencia económica" del inquilino, que impone sin que este lo haya pedido y que realmente no necesita, o el uso de anglicismos para referirse a estos honorarios, como "fee", que traducido significa literalmente "cuota", así como decir que se cobran por servicios "prestados al arrendatario" pero que no detallan y cuyo pago imponen, entre otros.
