Las constructoras sancionadas por la CNMC recurrirán y lo tildan de "barbaridad"
Las grandes constructoras sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se enfrentan a una multa de 61,3 millones de euros por formar parte de un supuesto cártel que había alterado las licitaciones de carreteras durante 5 años, han decidido recurrir la resolución por vía judicial.
Fuentes cercanas a las empresas han trasladado a Europa Press la intención de todas ellas de hacer uso de su potestad para reclamar por la vía de lo contencioso administrativo esta resolución, la cual han considerado como una "barbaridad" que solo se basaba en "especulaciones" y que se saltaba el principio de presunción de inocencia.
Las compañías han rechazado haber formado parte de dicha organización y ya se encuentran analizando el expediente en profundidad, con la previsión de recurrir, para lo que tienen ahora un plazo de dos meses, así como de acudir a la vía judicial para que un juez pueda valorar la realidad de los hechos. Entre las empresas afectadas se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC y Sacyr.
Una de las últimas resoluciones de este tipo emitidas por Competencia había sido anulada posteriormente por la Audiencia Nacional, en el caso de la sanción impuesta a Sacyr. El juez había estimado que no había base para suponer la participación de la compañía en los hechos que se le imputaban.
En ese caso, la multa había sido incluso superior a la actual, de 15,2 millones para Sacyr y de un total de 98 millones de euros para todas las compañías implicadas, en una operación de 2015 que la CNMC había considerado como uno de los "mayores y más complejos cárteles" detectados y una de las mayores multas impuestas hasta entonces.
ALEGACIONES
En el informe publicado por la CNMC en esta nueva ocasión, el organismo presidido por Cani Fernández ha incluido todas las alegaciones remitidas por las compañías involucradas, que han alegado que su comportamiento no se ajusta al patrón de conducta denunciado.
En aquellos casos en los que sí se ha cumplido dicho pauta, las empresas han expuesto que ello puede justificarse a partir de explicaciones "razonables alternativas" a la existencia de una coordinación anticompetitiva.
No obstante, la CNMC ha concluido que las compañías no han logrado rebatir, mediante sus alegaciones, la existencia de cierta conducta, ni tampoco han podido defender "el hecho de que sus comportamientos se ajusten en términos generales y durante el periodo de sus concretas imputaciones al mencionado patrón, sin perjuicio de que en ocasiones hubiesen incurrido en incumplimientos puntuales".
"El estudio global y en profundidad de las conductas previamente analizadas, los documentos y correos encontrados en las inspecciones, las ofertas presentadas por las entidades incoadas y su comparación con las no incoadas, han permitido observar una pauta estable y continuada de contactos entre las empresas incoadas que han confirmado, con datos objetivos, la coordinación que se desprende de las pruebas antes descritas", ha añadido.
ACEINSA RECONOCE SU PARTICIPACIÓN
Acciona, en concreto, ha respondido que no existe prueba directa en el expediente que le incrimine y que los únicos elementos probatorios contra ella han sido su inclusión por parte del solicitante de clemencia en el listado de empresas que supuestamente habían formado parte del acuerdo y los análisis de los contratos en los que ha participado.
Así, Aceinsa, que ha visto minorada en un 50% la multa por acogerse al programa de clemencia, sí ha reconocido su participaciónen el cártel entre los años 2014 a 2018. "La citada empresa ha reconocido su participación en las reuniones, en el diseño de las fórmulas para la coordinación de ofertas y la ejecución de ese plan común diseñado por las empresas", ha explicado el informe.
