El Gobierno estudia rediseñar para suavizar el impuesto a las energéticas y a la banca

Así lo recogen las informaciones publicadas por Expansión y El País. Por el momento, el Ministerio de Hacienda ha pospuesto la reforma, aunque necesitaría tenerla completada antes del 31 de diciembre si quiere convertir en permanentes estos gravámenes extraordinarios y aplicarlos sobre los beneficios cosechados en este ejercicio.

El Gobierno precisa de los apoyos de PNV y Junts para sacar las cuentas públicas adelante. Pero desde la formación vasca, Andoni Ortuzar pedía esta semana tener "cuidado" y ser "razonables" con los impuestos a las energéticas y a los bancos.

En su opinión, "ahora no son impuestos, ahora son unos gravámenes bastante irregulares", como señalaba en una entrevista en TVE. Mientras, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha destacado que no facilitarán que se apruebe "nada que ponga en riesgo inversiones que son importantes para Cataluña y en concreto para Tarragona".

Desde el propio Ejecutivo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido mantener "de forma permanente" estos gravámenes, aunque reconoce que hay que adecuarlos para que se adapten a "al ciclo financiero, al ciclo de crédito, al ciclo de tipos".

Mientras, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, expresaba su deseo de cambiar el diseño del impuesto a la banca: "Nos parecería deseable cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual". En su opinión, "hay que intentar que el impuesto sea lo más neutral posible", ha dicho en una entrevista en Expansión.

Sin embargo, compañías afectadas como Repsol han calificado este impuesto como "demagogia fiscal". Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha asegurado que la inversión en el sector energético español "se ralentizará al mínimo" y que "miles de millones de euros se desviarán a otros países".

Además, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, considera que "no hay nada concreto", por lo que los gravámenes extraordinarios son, a día de hoy, "ruido" y "rumores".

Ahora, según las informaciones publicadas, el Gobierno está estudiando rediseñar totalmente el impuesto energético para que, en lugar de que recaiga sólo sobre los mayores grupos se extienda a todo el sector o a un abanico mucho más amplio de empresas. Además, para consolidarlo como permanente, baraja que la tasa sea un porcentaje sobre los beneficios en lugar de sobre las ventas.

En paralelo, estudia fórmulas para que las compañías puedan desgravar parte de esa carga fiscal a cambio de reinversión de ganancias en proyectos de transición ecológica y economía sostenible, y con un tope, por un máximo del 30% de la base imponible.

Desde Banco Sabadell, sus analistas consideran que la noticia es "positiva de impacto limitado a la espera de ver como se define finalmente este impuesto".

"Aunque una aplicación sobre el beneficio frente a ventas mejoraría el impacto en las compañías bajo cobertura, la clave será la magnitud de las desgravaciones por reinversiones que se apliquen y que probablemente consigan suavizar gran parte del impacto. Este último punto será determinante para poder lograr los apoyos parlamentarios necesarios de PNV y Junts", añaden.

Hay que recordar que, de cara a 2024 con cargo a 2023, las estimaciones del impacto del impuesto actualmente vigente sería: Iberdrola 160 millones de euros, Naturgy 100 millones, Endesa 202 millones y Repsol 350 millones.