La crisis del Gobierno catapulta a este valor del mercado español: se dispara un 20% en una semana
No es nada nuevo que la compañía minera del Mercado Continuo que tanto ha sufrido por las decisiones del Gobierno español contrarias a sus planes, se beneficie en bolsa de que el mismo Gobierno esté pasando por momentos, como mínimo, complicados. De hecho, se dispara un 20% desde que el pasado 19 de mayo se conoció la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los golpes más directos y duros para Pedro Sánchez y sus socios.
Pero los problemas van más allá. Este martes, el juez Juan Carlos Peinado citó a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, para una "audiencia preliminar" el próximo 9 de junio, un paso previo a la apertura de juicio oral.
El juez sostiene que los delitos investigados —especialmente el de tráfico de influencias— encajan en la Ley del Jurado, por lo que considera que la causa debe ser vista por un tribunal popular. Además, ha advertido de que tanto Begoña Gómez como los otros investigados, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, deberán comparecer personalmente y que, si no acuden, podrían ser conducidos por la "fuerza pública".
Un cambio de Gobierno desbloquearía el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca)
A esto se suma la noticia bomba de este mismo miércoles, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. El operativo fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. El registro se enmarca dentro de una pieza secreta derivada del caso Leire Díez, la exmilitante socialista considerada la fontanera del partido, en la que se investiga una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno.
Todo este flujo de noticias negativas está catapultando a la minera australiana Berkeley Energia, que cotiza en el Mercado Continuo español y que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones ante noticias adversas para el Ejecutivo, sube en bolsa ante la expectativa de que la crisis política pueda derivar en un adelanto electoral y, potencialmente, en un cambio de Gobierno que desbloquee su proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca), al que se opone el actual Ejecutivo. No en vano, Berkeley se disparaba más de un 6% este miércoles tras conocerse el registro de la sede del PSOE.
"Está luchando por recuperar la media de 200 sesiones que presenta en los 0,30 euros. Si logra superarla, sería una nueva señal de fortaleza que podría acabar llevando a la compañía hasta los 0,34 euros", indican los expertos técnicos de Bolsamanía, que destacan además el fuerte incremento del volumen negociado en las últimas sesiones.
Pedro Sánchez compareció este miércoles con motivo de su visita al Papa León XIV en Italia y respondió a las preguntas de los periodistas sobre la situación política. Sobre Zapatero, reiteró su apoyo al expresidente porque, según dijo, después de leer la documentación sobre su imputación, "no hay motivos suficientes para cambiar de posición". En cuanto a la entrada de la UCO en Ferraz, reafirmó su colaboración con la justicia, remarcó que el asunto está relacionado con la exmilitante socialista Leire Díez y aseguró que "ninguna investigación impugna lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas" por los ciudadanos, descartando así una posible convocatoria electoral.
EL CONFLICTO
La evolución del conflicto entre Berkeley y el Estado español por la mina de uranio en Salamanca se explica a través de más de una década marcada por autorizaciones, oposición social, vetos regulatorios y una multimillonaria batalla judicial internacional.
El origen del proyecto se remonta al periodo 2011-2015, cuando Berkeley obtuvo los permisos preliminares de exploración y una Declaración de Impacto Ambiental favorable por parte de la Junta de Castilla y León para desarrollar la mina de uranio de Retortillo. El plan incluía una explotación a cielo abierto, una planta de concentrados y un almacén de residuos. Sin embargo, desde el principio surgió una fuerte oposición social y ecologista, encabezada por plataformas como Stop Uranio, que denunciaban el impacto ambiental del proyecto, la tala de encinas y la cercanía de zonas protegidas.
La minera siempre ha asegurado que mantiene abierta la puerta a una solución dialogada con España
El gran punto de inflexión llegó en noviembre de 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica denegó la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio. La decisión se apoyó en un informe desfavorable y vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que alertaba de incertidumbres técnicas relacionadas con la seguridad del almacenamiento de residuos.
Tras agotar las vías administrativas y sin lograr un acuerdo con el Gobierno, Berkeley inició la ofensiva internacional. En noviembre de 2022 presentó una notificación formal de disputa al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), abriendo un periodo de negociación amistosa. Ante la falta de avances, en mayo de 2024 interpuso oficialmente una demanda de arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial. Posteriormente, en febrero de 2026, formalizó su reclamación completa ante el tribunal arbitral en Estados Unidos, dando paso a la fase de argumentación de fondo.
La minera reclama ahora una indemnización millonaria de 1.250 millones de dólares, frente a los cerca de 1.000 millones inicialmente planteados. Berkeley sostiene que la cifra refleja tanto las inversiones realizadas —que sitúa entre 60 y 100 millones de euros— como el potencial de ingresos perdido tras el fuerte repunte del precio internacional del uranio. La compañía acusa a España de haber aplicado medidas "arbitrarias y discriminatorias" y considera que el veto al proyecto supuso, en la práctica, una expropiación de sus derechos mineros y una vulneración del principio de trato justo y equitativo recogido en el Tratado de la Carta de la Energía.
El caso se ha convertido en uno de los litigios energéticos más costosos a los que se enfrenta el Estado español.
MINERALES CRÍTICOS Y SÓLIDA POSICIÓN FINANCIERA
En paralelo al arbitraje, Berkeley ha tratado de reforzar su posición financiera y diversificar su actividad mediante el desarrollo de proyectos ligados a minerales críticos en el oeste de España.
La minera ha reiterado en numerosas ocasiones la solidez de su caja y ha explicado que esto le permite seguir avanzando tanto en el litigio internacional contra España como en sus proyectos de exploración. En este sentido, continúa desarrollando el proyecto Conchas, en Salamanca, donde analiza el potencial de minerales como litio, rubidio, tantalio, niobio, cesio y estaño. La empresa asegura haber obtenido resultados preliminares positivos en los ensayos metalúrgicos, con elevadas tasas de recuperación de litio y rubidio.
Berkeley destaca además que el rubidio está considerado un mineral estratégico para sectores como defensa, aeroespacial, comunicaciones, medicina y energías renovables, y recuerda que países como Estados Unidos y Japón lo clasifican como mineral crítico. Entre los próximos pasos del proyecto figuran el modelado geológico en tres dimensiones y nuevas pruebas metalúrgicas para optimizar los procesos de separación.
En medio de todo este proceso, Berkeley siempre ha asegurado que mantiene abierta la puerta a una solución dialogada con España, aunque también ha reiterado en varias ocasiones que el Ejecutivo se ha negado a negociar.
