Calviño quiere juntar 10 normas europeas en un decreto y no ser "farolillo rojo" de la UE
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este jueves ante el Pleno del Congreso la conveniencia de transponer en un solo decreto ley ómnibus hasta diez directivas europeas, expresando su deseo de que "por fin" España deje de "ser farolillo rojo" en la Unión Europea a la hora de incorporar estas regulaciones a su legislación.
Además, el decreto ley incorpora dos medidas adicionales, una para prorrogar durante todo el año la exención del IVA a la importación y adquisición intracomunitaria de material sanitario para administraciones, centros sanitarios o entidades sociales, y otra para duplicar el plazo de concesión de las bandas de frecuencia.
La vicepresidenta ha apuntado que esta última medida favorecerá la inversión de las empresas en el desarrollo del 5G, pues permitirá que estas concesiones pasen a tener un mínimo de 20 años a un máximo de 40, cuando hasta ahora se limitaban a 20 años.
Respecto a las transposiciones, se completa la relativa al desplazamiento de trabajadores (terminó en julio de 2020 el plazo) para asegurar la igualdad de condiciones y otras dos directivas sobre la regulación europea del IVA en el comercio electrónico. Estas normas, obligatorias a partir de este mes de julio, extienden el sistema de ventanilla única y suprimen la exención del pago del IVA en importaciones de bienes a un precio inferior de 22 euros.
Vencido su plazo desde enero de 2020, se transpone la quinta directiva de la regulación de prevención y lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo (se incluye a proveedores de servicios de monedas virtuales), y otras dos directivas del llamado paquete bancario (plazo vencido en diciembre de 2020) sobre requisitos de capital y resolución y reestructuración de entidades.
También una transposición parcial de la directiva de defensa de la competencia (más incentivos al programa de arrepentimiento y coordinación entre autoridades reguladoras en información e inspección), y la corrección de un error advertido por la Comisión Europea sobre la transposición realizada en materia de responsabilidad medioambiental.
Finalmente, la norma transpone dos directivas cuyo plazo finalizaba en julio sobre los derechos de consumidores en contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y en compraventa de bienes. Con ella se aplicará lo establecido en la Ley General de Defensa de consumidores y usuarios en contratos de servicios digitales o aquellos que proveen suministros a cambio de datos personales (no a programas libres o de código abierto).
También aumentan las garantías del consumidor, que podrá solicitar reparación, sustitución, reducción del precio o resolución del contrato, y se incrementan plazos como el previsto para emitir disconformidad (de dos a tres años), garantías comerciales contra la obsolescencia, y se duplica hasta los diez años el tiempo mínimo durante el cual la empresa debe garantizar un servicio técnico o la existencia de piezas de recambio a partir del momento en que deja de producirse el producto en cuestión.
