Bruselas salva a España del expediente de déficit excesivo pese a cerrar 2023 con el 3,6%
La Comisión Europea ha sacado España del procedimiento de déficit excesivo al considerar que el incumplimiento del umbral fijado en el 3% es de carácter "temporal". Nuestro país cerró 2023 con déficit del 3,6%, pero Bruselas cree que el déficit español descenderá hasta el 3% al término de 2024, con lo que "la Comisión no propondrá en julio abrir un procedimiento de déficit excesivo para España".
"El mensaje sobre España es muy claro y contundente, confirma, una vez más, que nuestro modelo de crecimiento es fuerte, equilibrado y compatible con la responsabilidad fiscal", ha afirmado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El informe de la Comisión Europea concluye que España "ya no sufre desequilibrios macroeconómicos". "Se han logrado avances significativos en la reducción de las vulnerabilidades, que tenían relevancia transfronteriza, relacionadas con la elevada deuda privada y externa, y se han producido reducciones de la deuda pública", añade.
Destaca que la elevada relación deuda pública/PIB ha ido disminuyendo, "impulsada por un fuerte crecimiento del PIB nominal, pero se esperan mejoras más moderadas este año y el próximo, lo que refleja déficits fiscales aún significativos y un crecimiento del PIB nominal menos favorable".
Bruselas también cree que "se han logrado importantes avances en materia de políticas para abordar las vulnerabilidades identificadas, incluso en los últimos años gracias a la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia, pero se necesitan más esfuerzos, especialmente para reducir la elevada deuda pública".
Según los datos recogidos por Eurostat, el déficit de las administraciones públicas de España disminuyó del 4,7% del PIB en 2022 al 3,6% en 2023, mientras que la deuda de las administraciones públicas cayó del 111,6% del PIB a finales de 2022 al 107,7% a finales de 2023.
La actualización de las proyecciones macroeconómicas y fiscales enviada por España a la Comisión Europea el pasado 30 de abril prevé que el PIB real crezca un 2% en 2024 y un 1,9% en 2025, mientras que proyecta que el deflactor del PIB crecerá un 3,5% en 2024 y un 2,8% en 2025. Se espera que el déficit de las administraciones públicas disminuya al 3% del PIB en 2024 y al 2,5% del PIB en 2025, mientras que la relación deuda/PIB de las administraciones públicas disminuirá al 105,5% a finales de 2024 y al 104,1% a finales de 2025.
Las proyecciones presentadas por España no incluye proyecciones presupuestarias más allá de 2025. Mientras, las previsiones de Bruselas calculan que el PIB real crecerá un 2,1% en 2024 y un 1,9% en 2025 y que la inflación se situará en el 3,1% en 2024 y el 2,3% en 2025. Además, las previsiones proyectan un déficit público del 3% del PIB en 2024, mientras que la relación deuda pública/PIB disminuirá hasta el 105,5% a finales de 2024.
"La disminución del déficit en 2024 refleja principalmente la eliminación gradual del medidas para mitigar el impacto social y económico de la pasada crisis energética", explican.
Desde la Comisión Europea también remarcan que, dentro de las nuevas reglas de gobernanza económica de la UE, "España necesitará desarrollar un plan fiscal-estructural a medio plazo para reducir el déficit y la deuda pública. Este plan podría combinar la adopción de medidas de ingresos y gastos con inversiones y reformas para promover un crecimiento económico más sólido y sostenible".
Exponen, además, que España es un país "muy endeudado con una estructura de gobierno descentralizada. En su marco fiscal nacional, el gobierno central establece objetivos para las regiones en términos de equilibrio estructural y relación deuda-PIB, así como en relación con la tasa máxima de crecimiento del gasto nominal. Para garantizar que se cumplan las nuevas normas de gobernanza económica de la UE, es posible que sea necesario actualizar el marco fiscal nacional".
Finalmente, la Comisión Europea recomienda a nuestro país presentar oportunamente el plan fiscal-estructural de medio plazo. De acuerdo con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, limitar el crecimiento del gasto neto en 2025 a una tasa coherente con la colocación de la deuda de las administraciones públicas en una trayectoria descendente plausible a medio plazo y la reducción del déficit de las administraciones públicas por debajo del 3% del PIB.
También, garantizar la sostenibilidad fiscal, entre otras cosas, revisando y simplificando el sistema tributario para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición verde y mejorar la calidad, eficiencia y equidad del gasto público. Ven importante fortalecer la capacidad administrativa para gestionar los fondos de la UE, acelerar las inversiones y mantener el impulso en la implementación de reformas.
