El Banco de España no ve señales de alerta en los estándares de concesión hipotecaria
No se detectan señales de alerta en los estándares de concesión hipotecaria, ni una expansión de la actividad basada en la acumulación excesiva de crédito inmobiliario. Así lo expone el Banco de España.
El organismo tampoco ve señales de sobredimensionamiento de la actividad inmobiliaria, al tiempo que los indicadores de sobrevaloración media de la vivienda se sitúan en niveles próximos a los de equilibrio. Así lo ha expresado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención un encuentro este lunes organizado por el diario HOY en Badajoz.
En sus palabras ha subrayado que el esfuerzo asociado al gasto en vivienda de alquiler en España se sitúa por encima del de las grandes economías europeas y es particularmente elevado entre los hogares con menores ingresos. Además, España destaca en el contexto de la UE-27 por una elevada proporción de hogares en alquiler en situación de sobresfuerzo, destacando la presencia de estos colectivos en las grandes áreas urbanas.
A su parecer, los efectos negativos sobre el crecimiento económico a largo plazo, la desigualdad intergeneracional de la riqueza o los niveles de exclusión social justifican la adopción de políticas públicas para corregir estos problemas.
Para el Banco de España, las áreas prioritarias de actuación pasan por una evaluación del impacto de las políticas públicas ya desplegadas sobre el acceso a la vivienda, la coordinación de las actuaciones entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de vivienda, la priorización del incremento de la oferta de vivienda residencial, especialmente en el mercado del alquiler y la colaboración con la iniciativa privada para alcanzar un aumento significativo del parque de alquiler social o a precio asequible.
También, el incremento de la participación del sector privado institucional en el mercado del alquiler que aumente la profesionalización del sector, la asignación de los recursos públicos disponibles a los colectivos con menores ingresos y actuaciones en áreas tensionadas, reforzar la seguridad jurídica y reducir la incertidumbre regulatoria que permita aumentar las inversiones y reducir los riesgos, mejorar los procedimientos administrativos relacionados con las políticas de suelo y urbanismo, así como impulsar la rehabilitación de viviendas y combinar el diseño de las políticas de vivienda con reformas estructurales (productividad y empleo), reformas tributarias y mejoras en las políticas de transporte metropolitano.
