ArcelorMittal enfrenta una demanda de 7.000 millones de euros en Italia
Los administradores designados por el Estado italiano para supervisar la mayor acería de Europa han presentado una demanda contra ArcelorMittal en la que reclaman 7.000 millones de euros por los daños causados por la gestión del grupo en la planta de Taranto, en el sur del país. La información ha sido adelantada por Financial Times, que ha tenido acceso al escrito presentado ante un tribunal de Milán.
Acciaierie d'Italia, la sociedad que gestiona el complejo bajo administración especial, sostiene que los graves desequilibrios financieros que arrastra la antigua Ilva son consecuencia de una estrategia deliberada de ArcelorMittal para transferir recursos desde la filial italiana a la matriz. Según la demanda, basada en una auditoría forense realizada por los comisarios estatales, esa política se habría mantenido de forma sistemática durante años.
El Gobierno de Giorgia Meloni tomó el control de la acería hace casi dos años, cuando retiró la gestión a ArcelorMittal y nombró administradores especiales ante el deterioro financiero y operativo del complejo, considerado un activo estratégico para la industria italiana y europea. El escrito judicial, que ya ha sido notificado al grupo con sede en Luxemburgo, podría convertirse en una de las mayores reclamaciones por daños y perjuicios tramitadas en los tribunales italianos.
El litigio se suma al arbitraje internacional que ArcelorMittal presentó el pasado julio contra Italia en Washington, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, en el que acusa al Estado de haber expropiado ilegalmente la planta.
Banco Sabadell considera que se trata de una noticia negativa por el ruido que generan este tipo de procesos judiciales. Además, la entidad señala que el hecho de que existan acciones legales por ambas partes podría reducir de forma relevante la cuantía final a la que tendría que hacer frente la compañía, que estima en torno al 22% de su capitalización bursátil.
Mientras tanto, el futuro de la acería sigue abierto. Dos fondos estadounidenses, Bedrock Industries y Flacks Group, han presentado ofertas vinculantes para hacerse con la empresa, que emplea a unas 10.000 personas en la región de Apulia. El Ejecutivo italiano ha subrayado que no aceptará ninguna operación sin un plan industrial sólido, garantías de empleo y compromisos claros en materia medioambiental.
La planta de Taranto arrastra un largo historial de problemas ambientales y judiciales. En 2012 fue objeto de una investigación penal por su impacto en la salud pública, después de que se la relacionara con miles de casos de enfermedades mortales en la zona. Desde entonces, el Estado ha inyectado miles de millones de euros para mantenerla operativa y preservar el empleo.
El Gobierno estima ahora que serán necesarios al menos 5.000 millones de euros adicionales para construir nuevos hornos eléctricos y transformar la acería en un productor de acero verde, un paso clave para garantizar su viabilidad a largo plazo.
