La Abogacía del Estado investigará el fondo de la Generalitat para avalar las fianzas
Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ha asegurado que la Abogacía del Estado estudiará si el fondo creado por la Generalitat de Cataluña para avalar las fianzas solicitadas por el Tribunal de Cuentas a exaltos cargos catalanes y servidores públicos. "Si no está con arreglo a la ley, no podrá ocurrir", ha afirmado en la inauguración del curso María Zambrano hoy en Vélez-Málaga (Málaga).
La ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática también ha recordado que tanto la Generalitat como el resto de gobiernos regionales "saben que todos tenemos que trabajar en los límites de la legalidad, eso no es optativo, es obligatorio".
Calvo ha concluido que esto "forma parte de la conversación pública pero en tres años hemos recurrido muchas cuestiones al Gobierno de Cataluña y de otras comunidades; forma parte del juego de colaboración de los poderes del Estado y de la legalidad que todos tenemos que cumplir".
Por su parte, Pere Aragonès, presidente del Govern catalán, ha defendido que ese fondo de 10 millones de euros servirá no solo para las fianzas actuales que se pide a los investigados, sino que podrá usarse en casos futuros porque, según ha declarado, "la represión utilizará todos los senderos posibles".
Además, ha explicado que el fondo complementario de riesgos es similar a las pólizas de seguros que tienen otras administraciones públicas. Por tanto, y a sus ojos, esta es una medida legal. También ha señalado que defenderán que ningún trabajador público sea "perseguido por haber hecho bien su trabajo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y con sus funciones y encargos del Parlament".
Aragonès ha garantizado que no hay ningún desplazamiento de patrimonio, dado que se asume el aval y no la responsabilidad contable. También ha recordado que esta cobertura de riesgo es menor a la que tienen algunas comunidades y el propio Gobierno Central.
El fondo de cobertura creado por el Govern catalán pretende ayudar, con una primera dotación de 10 millones de euros, a los investigados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat. A él, se podrán acoger tanto los cargos políticos y los funcionarios.
