El Supremo tendrá la última palabra en las restricciones que impongan las CCAA
El próximo domingo 9 de mayo decae el estado de alarma y las CCAA ya están presentando las medidas que aplicarán a partir de entonces. Pese a las presiones de algunos presidentes autonómicos, el Gobierno no lo prorrogará, pero establecerá por decreto que sea el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra en las restricciones que se impongan en cada territorio. De esta manera, los gobiernos autonómicos podrán seguir planteando medidas para seguir luchando contra la pandemia.
Así lo ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez este martes en el Consejo de Ministros, donde se ha dado el visto bueno a extender más allá del próximo domingo varias medidas del llamado escudo social, incluyendo la posibilidad de que las CCAA recurran en casación ante el Alto Tribunal cuando la justicia les tumbe medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales, algo que hasta ahora no podían hacer.
El Ejecutivo facilita así a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos de casación, en los casos de que los Tribunales Superiores tumben sus medidas. Es decir, se busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias.
Así, "las CCAA pueden proponer a los tribunales situaciones como el toque de queda, los confinamientos… pero están sometidas a la autorización judicial correspondiente", ha aclarado la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, que ha afirmado que la Sala Tercera del Supremo tendrá cinco días para resolver las peticiones.
Hay que recordar que desde el próximo 9 de mayo, las CCAA necesitarán un aval judicial para imponer determinadas restricciones, con lo que puede darse la situación de que autoricen una medida en un territorio, pero no en otro. Por el momento, la mayoría de los tribunales están aceptando todas las restricciones.
Entre las medidas sociales que se extenderán se encuentra prorrogar la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aquellos aspectos de hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo, previa valoración ponderada y proporcional del juez.
Asimismo, amplía durante tres meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, así como los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
"El Real Decreto Ley contempla el soporte legal que necesitamos para mantener algunas medidas. Hay medidas de protección excepcional en materia socioeconómica que se van a mantener hasta el 9 de agosto", ha destacado Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
