Morgan Stanley pone en valor al euro digital frente a las stablecoins estadounidenses
La actual fase de volatilidad del mercado de las criptomonedas ha vuelto a poner de relevancia el papel de las stablecoins en el ecosistema de las criptomonedas. Tras un 2025 estelar para estos criptoactivos gracias a la promulgación de leyes favorables en Estados Unidos, su capitalización se sitúa cerca de los 300.000 millones de dólares, con USDT y USDC representando alrededor del 90% del total. Aunque esta cifra es relativamente pequeña, ha crecido rápidamente gracias a su mayor uso.

Las stablecoins son un tipo de criptomoneda que pretende mantener un valor estable vinculando su valor de mercado a una referencia externa, como una moneda fiduciaria o una materia prima, en algunos casos hasta por un algoritmo u otra criptomoneda; en este último caso, la stablecoin está sobrecolateralizada para cubrir la volatilidad. El objetivo principal de estos activos digitales es ofrecer, precisamente, una alternativa a la elevada volatilidad de criptomonedas populares, que puede hacer que estos activos digitales sean menos adecuados para las transacciones habituales.
Hay varias características que hacen atractivos a estos tokens, como su liquidación casi instantánea y operativa 24/7, su menor necesidad de prefinanciación y riesgo de liquidación o la programabilidad mediante contratos inteligentes, entre otros. Precisamente son estas funciones las que hacen que muchos expertos y entidades crean que pueden revolucionar el mundo de las finanzas, mientras que otros advierten, por eso mismo, de los peligros que puede correr el sistema si no se controlan adecuadamente.
"Si bien todavía estamos en una fase muy temprana, ya estamos viendo surgir casos de uso para stablecoins, activos digitales y CBDC (monedas digitales de un banco central), que abarcan pagos transfronterizos, gestión de tesorería y mercados de capitales, y que podrían cambiar la forma en que opera el sistema financiero a largo plazo", afirman los analistas de Morgan Stanley en un informe de reciente publicación en el que se centran, sobre todo, en los casos de uso de estos tokens en la Unión Europea.
DOS CARAS DE LA MISMA STABLECOIN
En este sentido, hay que entender que las regulaciones aquí y en Estados Unidos son muy distintas. En la UE, la ley del mercado de criptoactivos, MiCA, trata las stablecoins principalmente dentro de la categoría de "tokens de dinero electrónico" y las vincula a este régimen ya existente. Así, la normativa exige que los emisores sean entidades de crédito o instituciones de dinero electrónico autorizadas, y subraya que los tenedores deben poder canjear los tokens a la par. También define de forma estricta cómo deben gestionarse las reservas: el 30% de los fondos recibidos debe mantenerse como depósitos en cuentas separadas en entidades de crédito, y el resto invertirse en instrumentos seguros, de bajo riesgo y altamente líquidos, en la misma divisa que el token.
Un punto relevante es que la liquidez que respalda las stablecoins no puede mantenerse directamente en el Banco Central Europeo (BCE) por parte del emisor. Esto es importante, apunta la firma neoyorquina, porque permitirlo crearía de facto una CBDC gestionada por el sector privado, lo que supondría "un riesgo significativo" para la estabilidad financiera.
Por su parte, Estados Unidos regula estos tokens mediante la llamada GENIUS Act, un texto que exige que los emisores mantengan al menos un dólar en reservas permitidas por cada dólar de stablecoins en circulación, limitando dichas reservas a instrumentos muy líquidos como efectivo, depósitos asegurados, deuda pública estadounidense a corto plazo, repos o reverse repos respaldados por el Tesoro, fondos monetarios gubernamentales y reservas en el banco central.
"En las stablecoins en dólares, los emisores dominantes han convergido hacia reservas fuertemente invertidas en deuda pública estadounidense a corto plazo. En las stablecoins en euros, MiCA empuja hacia un modelo más intermediado por bancos, con un componente mínimo de depósitos y estrictas exigencias de liquidez y correspondencia de divisa", señala Morgan Stanley.
Una de las diferencias clave entre ambos enfoques —y fuente de intenso debate en EE UU entre el sector financiero tradicional y la industria cripto— es el pago de intereses. Bajo MiCA, los emisores de stablecoins y los proveedores de servicios cripto no pueden ofrecer intereses a los tenedores. En cambio, aunque los emisores regulados bajo la Ley GENIUS tampoco pueden pagar intereses, otras entidades como las plataformas de intercambio no están explícitamente prohibidas de ofrecer recompensas. En la práctica, esto coloca a los depósitos bancarios remunerados en competencia directa con las stablecoins en EEUU. En el futuro podría cambiar con una ley de estructura de mercados cripto que actualmente se debate en el Senado, pero por ahora la discusión está estancada.
La Casa Blanca ha presentado la Ley GENIUS como una forma de "reforzar el estatus del dólar como moneda de reserva mundial" al impulsar la demanda de deuda pública estadounidense a través de las reservas de las stablecoins. De hecho, los dos mayores tokens de esta clase mantenían una parte significativa de sus reservas en deuda estadounidense. A este respecto, el BCE advirtió el pasado verano que un uso más amplio en la eurozona podría debilitar el control monetario y reforzar dinámicas de "dolarización" con el tiempo.
Así, si las stablecoins denominadas en dólares se expanden por los canales de pago tradicionales —especialmente en la liquidación tokenizada, donde es clave un equivalente digital fiable al efectivo—, el BCE señala que "las stablecoins en dólares podrían consolidar su dominio inicial a menos que surjan alternativas creíbles en euros". Ese dominio temprano sería, además, "difícil de revertir" y otorgaría a Estados Unidos ventajas estratégicas y económicas, como financiar su deuda a menor coste y ejercer mayor influencia global. "Para Europa, esto implicaría mayores costes de financiación, menor autonomía de política monetaria y dependencia geopolítica", subraya Morgan Stanley.
EL CASO DEL EURO DIGITAL
Aquí es donde entra en juego el euro digital. Este token es una propuesta de CBDC de uso minorista, esto es, una versión digital del efectivo, disponible para hogares y empresas en toda la eurozona. El euro digital minorista sería libre de riesgo (a diferencia de los depósitos bancarios, sujetos a posibles quiebras), tendría curso legal y, al igual que el dinero en efectivo, no pagaría intereses.
"Uno de los principales objetivos declarados del euro digital es proporcionar dinero del banco central para la era digital, al tiempo que se protege la autonomía estratégica de los pagos europeos y la soberanía monetaria. El uso del efectivo ha ido disminuyendo a medida que los consumidores prefieren medios de pago digitales, a menudo facilitados por proveedores privados y no europeos. El euro digital podría reducir la dependencia de Europa de estas infraestructuras", apunta Morgan Stanley. Un motivo, por cierto, que ha ganado peso con el auge de las stablecoins, especialmente por aquellas denominadas en dólares.
Sin embargo, aún está en etapas centrales de su desarrollo. El euro digital ha pasado a la fase de implementación tras completar la fase preparatoria, pero esto no implica que ya se haya decidido su emisión. La decisión final corresponderá al Consejo de Gobierno del BCE una vez concluya el proceso legislativo. Si bien la Comisión Europea propuso legislación en 2023 y el Consejo Europeo mostró su apoyo en diciembre de 2025, el Parlamento Europeo aún está definiendo su posición. Si la regulación se aprueba en 2026 junto con el piloto, la emisión podría producirse en 2029.
A su vez, las asociaciones bancarias —especialmente en Francia y Alemania— son en general escépticas y temen que el euro digital minorista canibalice depósitos y dañe los modelos de negocio bancarios. De hecho, el europarlamentario Fernando Navarrete, por su parte, se ha mostrado más escéptico y ha propuesto priorizar un euro digital offline y tokenizado con privacidad similar al efectivo.
En cambio, el BCE y varios bancos centrales lo apoyan como herramienta clave para preservar la soberanía monetaria. Por ejemplo, la asociación bancaria italiana ve el euro digital como una oportunidad de innovación y competitividad, siempre que los costes sean manejables y los bancos puedan seguir ofreciendo servicios diferenciados.
Asimismo, el organismo cree que también será un problema el coste en el que los bancos deban incurrir para su desarrollo —estima que podría rondar entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros durante cuatro años—, así como por su poca penetración en la población. Según encuestas del BCE, solo el 12% de las personas (en Francia) mantendría dinero en euros digitales en lugar de depósitos bancarios, y un 13% lo usaría para pagos cotidianos, sin afectar la financiación bancaria.
En este sentido, Morgan Stanley cree que el proyecto de euro digital mayorista es "el más interesante" y el "menos valorado". A diferencia del euro digital minorista, la iniciativa mayorista está dirigida exclusivamente a instituciones financieras reguladas y se centra en la liquidación de activos tokenizados en dinero del banco central.
Aquí, explica la firma estadounidense, el BCE está modernizando las infraestructuras de liquidación, experimentando con tecnología DLT (Tecnología de Registro Distribuido). Al tratarse de proyectos técnicos y operativos, no requiere un nuevo marco legal europeo, por lo que podría implementarse antes que el euro digital minorista. Además, podría reforzar el papel internacional del euro y profundizar los mercados de capitales europeos. En el marco del proyecto Appia, el BCE pretende crear un entorno de liquidación más integrado y eficiente para activos tokenizados y dinero del banco central.
"Si se adopta, y los mercados de capital europeos se orientan hacia formatos DLT, un euro digital mayorista en DLT nativa (proyecto Appia) podría facilitar la liquidación de la parte en efectivo de activos tokenizados (fondos de mercado monetario, bonos, crédito privado, etc.) y situar a Europa por delante de EEUU. Sin embargo, todavía estamos en una etapa temprana: la infraestructura actual no está basada en DLT, los activos DLT representan una fracción muy pequeña del volumen total, y la transición tomará años, además de depender de un marco regulatorio claro", sentencia Morgan Stanley.




