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11/01/2020 06:00:00

El mayor poder de Calviño en el Gobierno calma a la banca tras las amenazas fiscales

Los partidos del nuevo Gobierno de coalición han amenazado en varias ocasiones a la banca con una fiscalidad más agresiva dirigida al sector, pero las entidades financieras se mantienen cautas ante las nuevas medidas que pueda tomar el Ejecutivo. Nadia Calviño seguirá al frente de la cartera económica y, de hecho, ostentará más poder en el Gobierno al detentar una de las cuatro vicepresidencias, un hecho que tranquiliza a las entidades financieras, que valoran su experiencia y la racionalidad de su gestión durante el último año.


Antes de aterrizar en el Gobierno, Calviño labró su carrera como una autoridad de peso en la Unión Europea. Dejó el cargo de directora general de Presupuestos cuando Pedro Sánchez la llamó para formar parte de su primer Gobierno, nacido de la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio de 2018. En ese momento cumplía cuatro años en el cargo, una etapa de la que guarda el respeto institucional y una buena reputación en Bruselas. Tanto, que llegó a sonar como sustituta de Christine Lagarde al frente del Fondo Monetario Internacional, aunque su candidatura no llegó a buen puerto.

Conocedor de su papel, Sánchez decidió aumentar el peso de Calviño en este segundo Gobierno otorgándole una vicepresidencia económica, un cargo que en un inicio estaba destinado a ejercer de contrapeso de Unidas Podemos y que más tarde ha quedado diluido con la incorporación de otras dos vicepresidentas del PSOE. Unidas Podemos, especialmente beligerante durante los últimos meses contra la banca, sentará a su líder, Pablo Iglesias, en una cuarta.

En todo caso, Sánchez sabía que necesitaba mantener a Calviño en su gabinete para mandar un mensaje de estabilidad y tranquilidad a los mercados. La ministra, acostumbrada por su experiencia a la ortodoxia de Bruselas, no tiene problemas en manejarse en las instituciones europeas, un aspecto clave para un ministro de Economía, que debe rendir cuentas mensualmente ante sus compañeros del Eurogrupo.

Este bagaje le ha dotado de un perfil conservador que deberá lidiar con los nuevos ministros de Unidas Podemos, algo en lo que confía el sector empresarial, y, concretamente, el bancario, sobre el que pesa la amenaza de enfrentarse a una fiscalidad más dura, de acuerdo con fuentes financieras.

Esta confianza no es nueva. En el momento de su nombramiento, en mayo de 2018, Ana Botín, presidenta de Santander, ya manifestó que la presencia de Calviño en el equipo de ministros de Sánchez era una “garantía” para España.

La banca, por el momento, está expectante ante las medidas que pueda implantar finalmente el departamento que dirige Calviño, aunque espera que ponga por delante de cualquier medida la sostenibilidad del sistema financiero y el cumplimiento de los objetivos de déficit, añaden otras fuentes.

Sin embargo, para algunos inversores la presencia de Calviño en el Gobierno no tiene tanto peso. "Les decimos que Pedro Sánchez ha prometido poner a Calviño como vicepresidenta económica y que es una persona que viene de Bruselas, respetuosa con la ortodoxia fiscal y que no permitirá que salgan adelante las propuestas de Podemos (...) Pero no se lo creen. No ven más allá del abrazo y de que el PSOE ha llegado a una coalición con el populismo comunista", explicaba un responsable de relación con inversores de una cotizada española hace algunas semanas.

PAGAR UN MÍNIMO DE SOCIEDADES

Bien es cierto que algunas de las medidas más agresivas contra la banca (la de Unidas Podemos de nacionalizar del todo Bankia o la del PSOE crear un impuesto específico para sufragar las pensiones) se han caído de los planes del futuro Gobierno, pero el acuerdo de coalición prevé obligará a los bancos a pagar un mínimo del 18% en el Impuesto de Sociedades, como hará con las empresas de hidrocarburos, lo que supone penalizarlos frente al resto de las compañías, para las que el límite será del 15%.

Tras la elección del nuevo presidente, el Gobierno no se ha dirigido a las entidades para plantearles sus propuestas, si bien después de que el PSOE ganara las elecciones el Ejecutivo comenzó a plantear al sector que las entidades pagaran un mínimo en el Impuesto de Sociedades, de forma que no les permitiría deducirse los DTA (activos fiscales diferidos) si eso deja su factura fiscal con un tipo efectivo inferior a ese umbral, como informó Bolsamanía.