Funcas cree que España no progresa en reducir el déficit pese a la mayor recaudación

Según explican en su último número de Cuadernos de Información Económica, dependiendo de cómo se concrete el paquete de medidas fiscales desplegado por el Gobierno para afrontar la crisis energética y los efectos de la inflación en 2023, el impacto presupuestario podría añadir más de un punto porcentual al déficit del conjunto de las administraciones públicas. Asimismo, la aplicación generalizada de las medidas anticrisis a lo largo del próximo año chocaría con el objetivo de contención de la inflación.

Santiago Lago analiza en su artículo los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE-2023) que se tramitan en el Congreso y el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea. En su opinión, la evaluación final de las cuentas públicas en 2023 va a depender de cómo se concreten las medidas de respuesta a la crisis y de su coste estimado; y sostiene que debe encontrarse una solución eficaz en sus resultados, pero financiable y coherente con el margen fiscal en un entorno que tiende a empeorar. El autor explica que sería prudente ser muy selectivo en las medidas a prolongar e incluso no agotar ya en diciembre el margen disponible, ante la posible aparición de nuevas necesidades en los próximos trimestres. En esa selección, destacan dos candidatos al recorte o desaparición: la bonificación del carburante y las rebajas del IVA a electricidad y gas.

En esta línea, Desiderio Romero-Jordán presenta las principales cifras de ingresos y gastos de los PGE-2023, con especial atención a las medidas recaudatorias. El autor observa una preocupante disfunción entre aumentos de recaudación en el corto plazo, con un elevado componente coyuntural por la inflación y las medidas temporales aprobadas -que habría que revisar-, frente al incremento de gastos de naturaleza estructural, lo que añade presión al deterioro del déficit estructural español. Esas medidas, además, quedan lejos de cumplir con el compromiso de reforma fiscal acordado con Bruselas, hito ligado a un desembolso de 7.000 millones de fondos europeos. Romero echa de menos una reconsideración más a fondo del sistema fiscal español y urge la necesidad de afrontar las políticas de gastos e ingresos públicos con una visión menos cortoplacista, con criterios tanto de equidad como de eficiencia, que permitan hacer frente a shocks venideros.

Eduardo Bandrés analiza los presupuestos de la Seguridad Social, muy relevantes por dos razones: por su volumen, más del 41% del gasto consolidado de los PGE, y porque el horizonte de las finanzas públicas a medio y largo plazo tiene en la Seguridad Social, y concretamente en el sistema de pensiones, un elemento determinante de su sostenibilidad. En los tres últimos años, el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social se ha subsanado en parte con el aumento de las transferencias del Estado, de modo que los impuestos representan actualmente un 20% de los ingresos de la Seguridad Social, y en parte con préstamos del Estado para financiar el déficit.

Más allá de la resolución de un problema de insuficiencia de recursos, cubrir el desequilibrio financiero con impuestos equivale a traspasar el déficit al Estado, aumentando así el déficit estructural de las administraciones públicas. Especial relevancia adquiere en este contexto la revalorización de todas las pensiones públicas que, junto con el aumento del número de pensionistas y de la pensión media, desbordarán las previsiones de gasto para 2023. El problema sigue estando en el déficit presente y futuro del sistema contributivo de la Seguridad Social, y en la necesidad de arbitrar medidas, también por el lado del gasto, que corrijan esa situación.

Cuatro artículos se centran en las cuestiones monetarias y financieras actuales. Santiago Carbó y Francisco Rodríguez explican cómo está afectando la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo en los mercados de crédito. En España, el crédito se ha desacelerado y ya se detecta una cierta retracción de la financiación, en particular en el segmento de la vivienda, aun cuando los tipos medios hipotecarios están entre los más bajos de la eurozona y desde una perspectiva histórica los costes aún son moderados. En cuanto a la financiación a empresas, el comportamiento es más desigual, y tras el notable avance propiciado por los avales del ICO durante la pandemia, el crecimiento es moderado y desigual por sectores.

La situación bancaria revela una ligera mejoría de la rentabilidad, aunque todavía se encuentra en cuotas muy modestas, y también un reforzamiento de los indicadores de solvencia. La subida de tipos y la desaceleración de la economía en un contexto de elevada incertidumbre podrían, sin embargo, afectar a las tasas de morosidad, especialmente en los sectores más expuestos al impacto de la crisis.

La misma idea expone Joaquín Maudos, que estudia la dinámica reciente de la morosidad bancaria. Concluye que a pesar de la contención de esta durante la crisis del COVID-19 por las medidas adoptadas para amortiguar su impacto, sigue siendo mayor en la banca española que en la europea, por lo que debe proseguir el esfuerzo por reducirla. Además, dada la incertidumbre macroeconómica, el autor advierte de que no hay que bajar la guardia en materia de provisiones porque lo más probable es que la tasa de morosidad repunte en los próximos meses.