Musk pide abolir la Unión Europea tras la multa de 120 millones de euros impuesta a X
Elon Musk ha abierto un nuevo frente con Bruselas al pedir la abolición de la Unión Europea (UE) después de que la Comisión Europea (CE) multara a su red social X con 120 millones de euros por infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA). La sanción se produjo tras una investigación de dos años centrada en el diseño "engañoso" de la marca azul de X, la falta de transparencia en su repositorio de publicidad y la negativa a proporcionar datos públicos a investigadores.
El organismo regulador anunció la resolución el viernes. Musk respondió entonces en su propia plataforma con un escueto "Bull----" (tonterías), pero su ataque se intensificó el sábado: "La UE debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a su gente", publicó.
La reacción del empresario coincide con una creciente contestación desde Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la multa como "un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros". En la misma línea, el embajador de EEUU ante la UE, Andrew Puzder, denunció el "exceso regulatorio" del bloque y afirmó que la Administración Trump "se opone a la censura y desafiará regulaciones onerosas que apunten contra empresas estadounidenses en el extranjero".
La Comisión, por su parte, defendió la decisión. Entre las infracciones señaladas, citó "el diseño engañoso de su marca azul, la falta de transparencia de su repositorio de publicidad y el incumplimiento de proporcionar acceso a datos públicos para investigadores". Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para soberanía tecnológica, seguridad y democracia, afirmó que, con esta primera decisión de incumplimiento bajo la DSA, "estamos responsabilizando a X por socavar los derechos de los usuarios y evadir responsabilidades".
X dispone ahora de 60 días para presentar un plan destinado a resolver los problemas relacionados con las marcas azules "engañosas", y de 90 días para abordar las deficiencias de su repositorio publicitario y del acceso a datos públicos para investigación. La Comisión advirtió de que un posible incumplimiento "puede dar lugar a pagos de multas periódicas".
