La Comisión Europea estudia abrir a España un procedimiento de infracción por la OPA de BBVA
La Comisión Europea estudia abrir a España un procedimiento de infracción por la opa de BBVA. Bruselas considera que las condiciones adicionales impuestas son contrarias a la libre circulación de capitales.
Por ello, según una información publicada por el diario Expansión, la Comisión Europea tomará medidas. La intención es abrir el procedimiento "antes del parón veraniego".
Aunque el Ejecutivo español ha justificado sus restricciones atendiendo al mantenimiento de los criterios de interés general, desde la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (FISMA, por sus siglas en inglés), creen que España puede estar estirando demasiado ese concepto de interés general.
Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirma que no tiene información de ningún procedimiento de infracción por parte de Bruselas, a la vez que se ha mostrado "convencido" de que la normativa española está "plenamente alineada" con la europea, defendiendo que "estas condiciones además tienen que tener un elemento de proporcionalidad y esta es la actuación que ha llevado a cabo el Gobierno".
Cabe recordar que, a finales de junio, Bruselas avisaba al Gobierno asegurando que "utilizará sus poderes como guardián de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único impuesta por los Estados miembro".
Este pronunciamiento se produjo tras conocerse las condiciones que desde el Ejecutivo se habían impuesto a BBVA para autorizar la OPA sobre Banco Sabadell, como que ambas entidades tendrán que mantenerse como entidades independientes durante, al menos, tres años.
Según anunciaba entonces el titular de Economía, el Consejo de Ministros "ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que en los tres próximos años mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados así como autonomía en la gestión de su actividad".
Y destacaba que la condición del Gobierno "garantiza que no estamos obstaculizando que el procedimiento siga su curso, lo que estamos es protegiendo a trabajadores, pymes, clientes que se puedan ver afectados por esta operación".
