La entrada del consorcio vasco en Talgo se retrasa y deja abierto el problema accionarial
La operación de compra del 29,7% de Talgo por parte de Sidenor (Jainaga) y el consorcio vasco (Finkatuz y las fundaciones Vital y BBK) corre el riesgo de no salir adelante tras el potencial cambio de postura de la SEPI, según habría demandado el propio gobierno vasco.
Y es que la SEPI, que habría acordado inicialmente participar con un préstamo convertible de alrededor de 150 millones de euros, lo habría rebajado a 75 millones para que el gobierno vasco asuma la mitad restante, una situación que este no vería asumible.
Según ha desvelado el PNV, el Gobierno español ha cambiado las condiciones pactadas inicialmente y exige al consorcio que se haga cargo de la mitad de los 150 millones de euros del préstamo que la SEPI iba a otorgar a Talgo para hacer frente a la multa de 116 millones de euros por los retrasos en las entregas de los AVE.
Hay que recordar que, a mediados de febrero, Sidenor y el consorcio vasco anunciaron el acuerdo de adquisición del 29,7% de Talgo a Pegaso con las siguientes condiciones económicas: precio fijo base de 4,15 euros por acción y precio variable de hasta 0,85 euros por acción adicional sujeto a determinadas condiciones de negocio aún por definir.
El acuerdo que previsiblemente se iba a cerrar en semanas se está encallando hasta la situación actual.
Como señalan los analistas de Renta 4, "se complica la entrada del consorcio vasco", una noticia que consideran "negativa y que vuelve a retrasar la entrada del consorcio vasco en el capital de Talgo y dar por punto final a la incertidumbre en el relevo accionarial de Talgo".
Por su parte, desde Sabadell creen que es una noticia "con sesgo negativo" puesto que, de darse, "dejaría abierto el problema accionarial de la compañía".
"La compañía se encuentra actualmente en un periodo de incertidumbre ya que, adicionalmente al potencial cambio accionarial, esta negociando el relevante contrato con DB (motivos por los que la compañía puso el guidance'25 on hold). Además, sobre el valor pesa la multa de Renfe (116 millones, provisionada en 2024) así como la mala situación financiera", añaden.
