El Comité Bancario de EEUU impulsa el proyecto de ley sobre estructura del mercado cripto
Con 15 votos a favor y 9 en contra, el Comité Bancario del Senado de EEUU ha aprobado la llamada Ley CLARITY, una legislación que legitimaría las stablecoins y abriría los servicios de pago y custodia a entidades no bancarias que supone un hito importante para la regulación de las criptomonedas

Como su nombre indica, el objetivo es aportar mayor claridad al sector de las criptomonedas y aclarar la jurisdicción de los reguladores sobre el sector. Entre otros asuntos, el proyecto de ley CLARITY define cuándo los tokens de criptomonedas son valores, materias primas o de otro tipo.
El visto bueno representa un posible salvavidas para las posibilidades de que el proyecto de ley se apruebe este año. La industria de las criptomonedas ha presionado con firmeza para que se apruebe esta legislación. Sin embargo, los bancos se oponen a una disposición clave del proyecto de ley, argumentando que generará competencia por los depósitos al otorgar a las empresas de criptomonedas demasiada libertad para ofrecer recompensas en stablecoins.
Como recuerda Simon Peters, analista de eToro, la aprobación llevaba meses bloqueada por las discrepancias en torno a las stablecoins con rendimiento: "Legisladores y representantes del sector bancario tradicional habían advertido de que estas stablecoins podrían competir directamente con los depósitos y productos de ahorro bancarios, reduciendo la capacidad de préstamo de las entidades y aumentando riesgos de estrés financiero".
Superado este paso, "el texto deberá fusionarse ahora con la versión aprobada previamente por el Comité de Agricultura del Senado, con el objetivo de crear un proyecto unificado que pueda debatirse y votarse en el pleno del Senado previsiblemente entre junio y julio".
"Si el Senado aprueba el texto definitivo, será necesario un proceso de conciliación con la versión de la Cámara de Representantes. Una vez ambas cámaras aprueben un documento idéntico, el proyecto pasará a la mesa del presidente para su firma definitiva. Actualmente, legisladores y mercados de predicción sitúan la posible aprobación final entre octubre y noviembre de este año", explica.




