El Estado deberá pagar a Castilla y León 182 millones por la liquidación del IVA de 2017

La Junta de Castilla y León interpuso, el pasado 25 de septiembre de 2020, un recurso contencioso-administrativo a través de la Dirección de Servicios Jurídicos, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta autonómica por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros.

El Ejecutivo regional solicitaba al Gobierno de España que se le indemnizase por la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, pedía la compensación de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros.

Esta última cifra corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.

Con este fallo, el Tribunal Supremo "reconoce la importancia" de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso. Tal y como se destaca desde el Ejecutivo regional, la Junta "ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la vía judicial y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación correspondientes al IVA".

PROCESO DE RECLAMACIÓN

Con la formalización del recurso, los Servicios Jurídicos acompañaron el 20 de febrero de 2020 el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta en el que se acordó solicitar formalmente dicha cantidad al Estado y se autorizó al Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a presentarla al Consejo de Ministros, sin obtener respuesta alguna.

Por ello, de nuevo en julio, el titular de Economía presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación, al amparo del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa y con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, que tampoco tuvo contestación expresa del referido órgano de gobierno estatal.

Previamente, se había demostrado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 26 de agosto de 2019 remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que mostraba su preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa, indicando que esta situación estaba causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de la comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

De igual forma, el 29 de agosto de 2019, el consejero de Economía y Hacienda se dirigió a la ministra de Hacienda para hacer constar su preocupación por no haber recibido la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y por no haberse hecho efectivos los recursos compensatorios por la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA, solicitando además la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También desde las Cortes se ha reclamado esta cantidad después de que, en febrero de 2020, se aprobara una proposición no de ley solicitando al Gobierno de España el abono de estas cantidades. Y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 Castilla y León reiteró de nuevo la petición.

Tras este proceso, los Servicios Jurídicos de la Junta alegaron que el Estado había vulnerado "el principio de lealtad institucional", algo que ha abalado el Supremo.

Así, el Supremo ha indicado que "con la interposición del presente recurso, la recurrente no pretende la revisión de la liquidación practicada con fecha 30 de julio de 2019 sino, únicamente, que se compense el desfase financiero provocado por el Real Decreto 596/2016".

Los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia alegaban la pérdida de ingresos correspondiente al IVA de un mes de 2017, lo que supuso para la comunidad autónoma de Castilla y León una "pérdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación, y con ello se habría vulnerado su autonomía financiera".

La resolución judicial recoge que "debe afirmarse que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la comunidad autónoma".

Por último, el recurso remarcaba que los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las comunidades autónomas, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado.

Así lo reconoce la sentencia al señalar "produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la comunidad autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado".

Luis Miguel González Gago, director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, entiende que esta sentencia de 19 de abril de 2021 reconoce expresamente a Castila y León unos 182 millones de euros, cuantía a concretar en ejecución de la sentencia, que recoge expresamente en su fundamento de derecho segundo que el informe mensual de recaudación de la AEAT correspondiente al mes de diciembre de 2017 señala que los efectos del nuevo sistema supusieron un traslado de ingresos de 2017 a 2018 por valor de 4.150 millones, lo que puede suponer para el Estado, dentro de su marco presupuestario actual, un "serio problema" si se generalizan las reclamaciones y sentencias en su contra a instancias del resto de comunidades autónomas de régimen común igualmente afectadas.