El 63,9% de familias con hijos con discapacidad cree que habrá retroceso para su inclusión, según F. Adecco

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Durante el estado de alarma, un 59,5% de los menores/jóvenes con discapacidad ha tenido que suspender totalmente sus terapias, tratamientos y/o rutinas formativas, mientras que un 35,4% puede seguir manteniendo algunas, vía online, y un 5,1% puede continuar por ser consideradas "esenciales"

En el marco del Día Internacional de la Familia (15 de mayo) y, por noveno año consecutivo, la Fundación Adecco presenta su informe Discapacidad y Familia, un trabajo de investigación cuyo propósito es visibilizar los retos que introduce la discapacidad en las unidades familiares, particularmente en el ámbito del empleo y de la conciliación. Ante la situación insólita que se atraviesa, este año el análisis se ha centrado en la crisis de la COVID-19, un punto de inflexión que, previsiblemente, cambiará muchos paradigmas, siendo el de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad uno de los más relevantes.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “este episodio ha de sacudir nuestros esquemas mentales y hacernos repensar en la sociedad que queremos reconstruir, más humana que nunca, Si el acompañamiento y la atención a los hogares con personas con discapacidad ya estaba en la agenda política, hoy debe elevarse a asunto de Estado. Nuestro sistema, sujeto a crisis cíclicas y de gran impacto, no puede permitirse cronificar la vulnerabilidad de segmentos de la población especialmente expuestos a la pobreza y exclusión, como son los hogares con personas con discapacidad. Las políticas activas de empleo serán la llave para reducir la desigualdad y avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas encontremos nuestro espacio y podamos aportar valor. Asimismo, la colaboración público-privada se posiciona como fórmula ineludible para dar respuesta al creciente número de familias en riesgo de exclusión que se prevén en los próximos meses, así como impulsar una reforma que minimice el gap entre la formación de las personas con discapacidad y lo que las empresas necesitan”.

El presente análisis basa sus conclusiones en una encuesta a 500 familias que tienen hijos con discapacidad, entre 0 y 18 años.

Freno a la inclusión VS más empáticos que nunca
El estado de alarma y el confinamiento han situado a la población española ante una experiencia totalmente desconocida, tanto a nivel individual como colectivo. Sin antecedente previo, las familias se han encontrado ante la imposición de permanecer muchos días en un espacio limitado; en algunas ocasiones personas solas, en otras, acompañadas únicamente por su núcleo familiar más próximo. Una situación que puede generar incertidumbre y, en muchos casos, disparar sentimientos de soledad, estrés o ansiedad.

Pero, ¿afecta esta situación de forma similar a todos? ¿cómo la viven las familias que tienen a personas con discapacidad, máxime cuando son niños?

Desde que se decretó el estado de alarma, el movimiento asociativo de la discapacidad, especialmente cuando es de tipo psíquico, se ha manifestado con intensidad para reivindicar la situación excepcional a la que tienen que hacer frente sus asociados. Entidades de personas con TEA o problemas de salud mental han defendido que, para muchas personas con discapacidad, la permanencia indefinida en su domicilio podría acarrear afecciones graves en su bienestar físico y emocional. El presente análisis ha cuantificado esta realidad en cifras: un rotundo 93% de los encuestados manifiesta que el confinamiento es más complicado cuando hay una persona con discapacidad en la unidad familiar, especialmente cuando es psíquica o intelectual.

Y aunque la ley dio luz verde para salir a la calle a personas con ciertas discapacidades (artículo 7 del Real Decreto 463/2020), según palabras de un encuestado: “estas salidas son un mínimo que no llega a suplir la actividad ni las relaciones sociales que nuestro hijo tenía antes de la COVID-19, con lo que se produce un notable deterioro en los avances que habíamos ido consiguiendo”.

Esta opinión es suscrita por la mayor parte de los encuestados. Un mayoritario 64% opina que la crisis de la COVID-19 supondrá un retroceso en el reto de la plena inclusión de sus hijos con discapacidad. Sostienen que, durante los días de confinamiento, “se ha desandado gran parte del camino” y que en algunos aspectos, principalmente el social, tendrá un impacto negativo en la evolución de sus hijos con discapacidad.

En este sentido y, frente a un 5,1% que continúa con sus terapias por ser consideradas “esenciales” (vinculadas a derechos básicos como la alimentación, la higiene o la atención médica), más de la mitad de los menores/jóvenes con discapacidad (59,5%) ha tenido que suspender totalmente dichas terapias, tratamientos y/o rutinas formativas. mientras que un 35,4% puede seguir manteniendo algunas de ellas vía online.

Así, se han cerrado centros de día y suspendido servicios apoyo educativo que impiden a las personas con discapacidad continuar con hábitos muy integrados en su día a día. Actividades como la equinoterapia, la rehabilitación en el agua o tratamientos de integración sensorial se han visto paralizados de forma repentina, hasta nuevo aviso. Todo ello ha repercutido, a su vez, en la unidad familiar, encontrándose de pronto ante la tesitura de reinventarse 24 horas para llenar los días de personas con discapacidad que tenían rutinas muy marcadas. Myriam Ganado, responsable de Plan Familia en la Fundación Adecco destaca que: “es más importante que nunca estar cerca de las familias y fomentar, en la medida de lo posible, la continuidad en las intervenciones profesionales, si no pueden ser presenciales, vía online. Más allá del aspecto académico, recuperable, la prioridad ha de ser la gestión emocional de esta crisis. Es fundamental transmitir calma, estabilidad y una información adecuada al entendimiento de la persona con discapacidad”.

Sin embargo, del reto del confinamiento también pueden extraerse lecturas positivas, como les ha sucedido a una cuarta parte de los encuestados: un 25,1% cree que tras la crisis de la COVID-19 nuestra sociedad experimentará un refuerzo de valores y seremos más empáticos e inclusivos, lo que podría ser beneficioso, en el medio plazo, para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Por último, un 11% cree que el episodio del coronavirus no tendrá impacto en el reto de la plena inclusión de las personas con discapacidad. Según Francisco Mesonero: “esta crisis ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad, ante un virus invisible que ha puesto en jaque nuestra forma de vida y a nuestro sistema en su conjunto. Asimismo, pone de relieve nuestra igualdad, en la medida en que afecta a todas las personas, y apela a nuestra solidaridad e interdependencia, demostrando que nos necesitamos los unos a los otros para salir adelante. Salgamos o no fortalecidos, seguramente habremos entrenado valores que permanecían en el cajón como la empatía, la comprensión o la humildad”.

Brecha digital: el 48% de los adolescentes y jóvenes con discapacidad no usa Internet
Durante el estado de alarma y el confinamiento, Internet se ha afianzado como plataforma de conexión con el mundo, posibilitando relaciones sociales y familiares, así como tareas cotidianas que van desde la realización de la compra hasta el acceso al ocio o la formación online. De este modo, la crisis de la COVID-19 ha consolidado el papel de lo digital como factor indiscutible de inclusión social.

Partiendo de esta premisa, no tener acceso a internet genera exclusión social, un aspecto muy presente entre las personas con discapacidad, a la luz de los datos del presente informe. De hecho, casi la mitad de los encuestados (48,4%) declara que sus hijos con discapacidad -con edades superiores a 10 años- utiliza nada (18,1%) o poco (30,3%) internet como canal de relaciones sociales, formación y/o ocio durante la cuarentena, ya sea por desconocimiento o por falta de accesibilidad.

Según datos del Observatorio Estatal de la discapacidad, el principal motivo para no usar internet, según las personas con discapacidad, es que les parece muy complejo y avanzado su uso (67,5%). Un 15,3% lo ha intentado, pero le ha parecido inaccesible para su tipo de discapacidad. A un 9,3% -persona con discapacidad o familiar- le da miedo utilizarlo o que lo haga sus hijos porque cree que puede ser peligroso. Por último, un 7,8% manifiesta dificultades económicas para hacerse con dispositivos tecnológicos que le permitan utilizar internet en igualdad de condiciones.

En esta línea, el 74,1% de los encuestados cree que el estado de alarma ha evidenciado la importante brecha digital existente entre las personas con discapacidad y el resto de la población, constatando un desequilibrio que frena su plena inclusión.

El acceso a internet como derecho fundamental
En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó el acceso a Internet como un derecho humano, instando a todos los gobiernos del planeta a garantizar la conexión a los ciudadanos. Sin embargo, esta declaración aún no se ha hecho efectiva, en la medida en que no está presente en el marco regulador de los distintos países.

Según Francisco Mesonero: “internet no es solo una ventana al mundo, sino que se ha convertido en el medio por excelencia para el desarrollo personal y profesional, como se ha constatado de forma flagrante durante el estado de alarma. Es por ello que la legislación ha de incorporar el acceso a internet como un derecho fundamental y universal, garantizando, en línea con la Agenda 2030, que llegue a todas las personas. El único camino es la apuesta por la Accesibilidad Universal y la puesta en marcha de programas formativos que acerquen las nuevas tecnologías a todas las personas, sea cual sea su discapacidad”.

Efectos colaterales del coronavirus: acelerador del teletrabajo
El inesperado brote de la COVID-19 está siendo un detonador de cambios sin precedentes en el ámbito laboral. Uno de ellos, y quizás el más significativo, es la explosión del teletrabajo.

Las empresas están volcando sus esfuerzos en dar servicio en remoto para mantener su actividad. Desde el confinamiento, muchos profesionales que acudían diariamente a sus centros de trabajo buscan fórmulas para hacer compatible la situación actual con las necesidades del negocio. Se alza un nuevo modelo de relaciones laborales y profesionales que, como efecto colateral, impulsa una reivindicación histórica que las familias- particularmente aquellas que tienen personas con discapacidad- venían haciendo durante los últimos años: la consolidación del teletrabajo como fórmula de flexibilidad para facilitar la conciliación. Según datos de la presente encuesta, un 91% de las familias con personas con discapacidad considera que el fortalecimiento del teletrabajo facilitaría y mejoraría su vida y la de la unidad familiar en su conjunto.

Esta aspiración podría hacerse realidad y, de hecho, ya lo está haciendo. Si hace apenas un año tenía un escaso arraigo, a raíz del estado de alarma se ha disparado hasta cotas desconocidas: antes de la COVID-19 solo un 11% de las familias con personas con discapacidad podía acogerse al teletrabajo de forma habitual y un 16% ocasionalmente, porcentaje que durante el confinamiento se ha disparado hasta el 54%.

Con la vista puesta en el futuro, la gran mayoría de los encuestados -80%- cree que, en el medio plazo, la crisis del coronavirus impulsará un cambio de paradigma que generalizará y afianzará el teletrabajo como medida de flexibilidad, mejorando, efectivamente, la conciliación de las familias con personas con discapacidad.

Según Mesonero: “el estado de alarma ha obligado a muchas empresas, de la noche al día, a implementar el teletrabajo de forma generalizada. Sin embargo, no todas las compañías estaban preparadas ni formaba parte de su cultura, por lo que están trabajando a marchas forzadas para establecer protocolos que garanticen a los empleados el cumplimiento de un horario, las herramientas necesarias para realizar sus tareas en remoto o el derecho a la desconexión, entre otros. No cabe duda de que el teletrabajo escala posiciones para convertirse en una modalidad predominante durante los próximos años. Y las empresas, en paralelo con las Administraciones Públicas, avanzarán considerablemente en el diseño de políticas encaminadas a facilitarlo”.

Recomendaciones para apoyar a las familias con personas con discapacidad en su inclusión durante y tras la crisis COVID-19

Ante la mayor crisis sanitaria, económica y humanitaria de esta era, la acción coordinada entre empresas, poderes públicos, tejido asociativo y sociedad civil será crítica para seguir el cauce de la Agenda 2030 y su máxima “no dejar a nadie atrás”. La Fundación Adecco esboza algunas consideraciones, pautas o recomendaciones para garantizar que la crisis del coronavirus tenga el menor impacto en la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Recomendaciones para el tejido asociativo:

- Diseño y preparación de instrucciones y orientación para las familias con personas con discapacidad, durante todas las fases de la era COVID-19, en formatos accesibles y adaptados a cada tipo de discapacidad, particularmente en lo que respecta a las rutinas y estilo de vida durante el estado de alarma.

- Establecimiento de redes de colaboración para facilitar el apoyo y la comunicación durante la cuarentena, como aspecto crítico para mitigar el aislamiento y los sentimientos de miedo, incertidumbre o desprotección que pueden aflorar más que nunca en las familias con personas con discapacidad.

- Seguimiento online de los beneficiarios en aras de normalizar su vida, a través del acompañamiento profesional mediante medios digitales.

Recomendaciones a la Administración Pública:

- Vinculación del programa de rentas mínimas (Ingreso Mínimo Vital), a un plan de acompañamiento para las familias con más dificultades. El Ingreso Mínimo Vital, concebido como subsidio asistencial para las familias con mayor riesgo de exclusión y/o pobreza, debe acompañarse de un plan de acción que oriente desde el principio a los beneficiarios, promoviendo su empleabilidad, como única garantía para favorecer su autonomía y evitar que la exclusión se cronifique.

- Establecimiento de políticas activas de empleo que acerquen a las personas con más dificultades a los sectores emergentes, poniendo especial acento en las competencias digitales como habilidades críticas para la inclusión laboral en el siglo XXI. Mientras que en Alemania el 80% de los recursos públicos son para políticas activas de empleo, siendo su tasa de paro 4 veces menor, en España todavía no se llega al 20%, un desfase que da cuenta del potencial de crecimiento que tienen estas iniciativas en nuestro país.

- Colaboración público-privada en el centro de las políticas activas de empleo. La crisis de la COVID-19 introduce ingentes cambios en el panorama laboral, entre otros, la consolidación del teletrabajo o la necesidad de erradicar la discriminación, en un momento histórico en el que se ha constatado que todas las personas aportan valor a la sociedad y economía. Partiendo de esta premisa, la Administración Pública debe apoyarse en la empresa privada para dar respuesta al creciente número de desempleados que se prevén en las oficinas de empleo, así como impulsar una reforma educativa que minimice el gap entre la formación de las personas con discapacidad y lo que las empresas necesitan.

- Apuesta por un modelo flexible y garantista de educación. Durante los últimos días se ha puesto sobre la mesa el debate de la Ley de Educación Inclusiva, cuyo objetivo es el traspaso, en 10 años, de los alumnos con discapacidad intelectual a colegios ordinarios. Partiendo de que la educación inclusiva constituye la plenitud y el objetivo último de todo proceso de inclusión, es necesario reconocer y apoyar la misión social de gran parte de los centros de educación especial. Para ello, han de evaluarse de forma individualizada, garantizando que dan una respuesta educativa de calidad y trabajan la inclusión. De este modo, cada familia, en función de las recomendaciones y evaluaciones psicopedagógicas, ha de tener la opción de decidir el tipo de educación que el menor necesita, a través de un sistema abierto, que evalúe constantemente al alumno y garantice la flexibilidad.

- Acceso a internet como derecho fundamental y universal. La reducción de la brecha digital se posiciona en primera línea para garantizar la plena inclusión de todos los ciudadanos, siendo inminente la necesidad de incorporarlo como un derecho fundamental en el marco legal de las naciones. Para que este derecho cale en las personas con discapacidad, como uno de los segmentos de la población más afectados por el gap tecnológico, resulta vital promover la Accesibilidad Universal y el desarrollo de programas específicos que acerquen las nuevas tecnologías a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Recomendaciones a las empresas:

- Aplicación de criterios inclusivos en los procesos de selección. La crisis de la COVID-19 ha acentuado el riesgo de pobreza y exclusión de algunos hogares con personas con discapacidad. Si antes de la pandemia ya atravesaban una situación delicada, hoy su situación se agrava ante la pérdida de empleos en la economía irregular, la disminución de ingresos o el empeoramiento de la salud física y/o emocional de alguna de las personas en la unidad familiar. Resulta por tanto crítico activar un plan de emergencia en las empresas, para que incorporen criterios inclusivos en sus procesos de selección. De lo contrario, según destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: "el precio que podemos pagar como sociedad es muy alto, en la medida en que se acentuarán las bolsas de pobreza y la brecha social, generando desequilibrios que pueden socavar las conquistas sociales que tanto esfuerzo había costado conseguir en los últimos años".

- Refuerzo de estrategias de Diversidad & Inclusión desideologizadas, a través de un modelo y una visión empresarial basados en valores universales, cuyos únicos pilares sean la dignidad y el bien común de las personas. La era COVID-19 ha agitado la escala de valores y, en lo sucesivo, habrá de anteponerse lo humano a lo ideológico, con especial atención a los más vulnerables, no solo en el marco de la responsabilidad social, sino como elemento reputacional decisivo en un entorno en el que la cooperación, la empatía y la solidaridad se alzan como valores que calan de lleno en la conciencia ciudadana. Para que las personas con discapacidad no retrocedan en el camino andado y puedan continuar su ruta hacia la plena inclusión, habrán de identificarse proyectos y acciones, en cada sector de actividad, que aborden de una manera operativa y estratégica situaciones de desigualdad que les afectan directamente en el contexto empresarial.

- Apoyo de programas de voluntariado que acompañen a las personas con discapacidad en su inclusión social y laboral. El contacto con el mundo de la empresa durante el confinamiento garantiza la conexión social y refuerza las habilidades de comunicación y socialización de las personas con discapacidad. Cuando, de forma progresiva, se reestablezca la normalidad, el vínculo entre las personas con discapacidad y las empresas habrá de reforzarse para no retroceder en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito profesional.

Sobre Fundación Adecco
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:

- Personas con discapacidad

- Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión

Fuente Comunicae