El Gobierno se niega a dar subvenciones a las empresas, pese a que Bruselas lo permite

La Comisión Europea emitió una comunicación el pasado 19 de marzo titulada "Marco temporal para las medidas de ayuda de Estado para apoyar la economía en el actual brote de COVID-19", a la que ha tenido acceso Bolsamanía. Esta comunicación establece que Bruselas levanta la mano y permitirá que se concedan una serie de ayudas públicas prohibidas por la normativa comunitaria, dada la excepcionalidad de la situación actual y su grave impacto en las economías de los países miembros.

Entre esas medidas permitidas, el punto 3.1 incluye "ayudas en forma de subvenciones directas, adelantos repagables o ventajas fiscales". "Más allá de las posibilidades actuales (...), unas cantidades de ayuda limitadas y temporales a empresas que se encuentren ante una repentina escasez o incluso indisponibilidad de liquidez pueden suponer una solución apropiada, necesaria y dirigida a objetivos concretos durante las circunstancias actuales", sostiene la Comisión.

Para permitir estas ayudas de Estado, deben cumplir una serie de condiciones:

"a. Que la ayuda no exceda de 800.000 euros por empresa en la forma de subvenciones directas, adelantos repagables y ventajas fiscales o de pagos. Todas las cantidades deben ser brutas, es decir, antes de cualquier deducción fiscal;

b. Que la ayuda se conceda sobre la base de un programa con un presupuesto estimado;

c. Que la ayuda se conceda a empresas que no estaban en dificultades [en mora o en concurso] a 31 de diciembre de 2019, se puede conceder a empresas que no tenían dificultades pero que las afronten posteriormente como consecuencia del brote de COVD-19;

d. Que la ayuda se conceda antes del 31 de diciembre de 2020."

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni siquiera se ha planteado las subvenciones y se niega en redondo a conceder ayudas fiscales más allá de la moratoria de seis meses para hacer frente a las deudas con Hacienda, a pesar de que las asociaciones de empresarios y autónomos consideran que sería una vía mucho más eficaz para proveer de liquidez a las empresas y para permitirles mantener su actividad en vez de tener que cerrar temporalmente. De hecho, varias autonomías han tomado medidas por su cuenta ante la pasividad del Gobierno.

AVALES HASTA EL 90% Y SUBSIDIACIÓN DE INTERESES

Como ha denunciado Bolsamanía, el Ejecutivo ha impuesto grandes límites a las medidas de ayuda que sí ha puesto en marcha. Así, ha limitado tanto las exenciones a la Seguridad Social como los avales estatales a las empresas que cierren su actividad (y ha reducido el importe del desemploe para los trabajadores afectados con hijos, según El Confidencial).

Sánchez pretendía limitar los avales al 50% del importe del crédito, aunque finalmente llegó hasta el 80% debido a la presión europea y a las negras perspectivas de la economía. Eso sí, puede rebajar dicho porcentaje para los 80.000 millones que faltan y, por si fuera poco, la medida tardará hasta 10 días en ponerse en marcha.

Precisamente, el documento de Bruselas también habla de los avales: permite que estos cubran hasta el 90% de la cuantía de los préstamos, o bien el 35% si se establece que las primeras pérdidas por morosidad las asuma el Estado y solo después las entidades financieras. Y da flexibilidad a los Estados para modular la garantía en función de la duración de los préstamos, e incluso para fijar los tipos de interés (aquí se ha dejado al albur de cada banco).

También permite otra medida que no se ha planteado aquí: la subsidiación de intereses de los préstamos ya concedidos, es decir, que el Estado se haga cargo del pago de intereses que tengan que afrontar las empresas para aliviar la presión.