Las eléctricas quieren imponer al Gobierno el formato de las subastas renovables
Quedan cerca de tres semanas para que concluya el mes de marzo, la fecha tope que se marcó la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para presentar la nueva Ley de Cambio Climático. Una nueva legislación que marcará las líneas maestras para todo el sector energético. Las compañías eléctricas no quieren quedarse fuera del proceso legislativo y dejan claras cuáles son sus referencias respecto a uno de los temas más polémicos: cómo tienen que ser las subastas renovables, con las que hacer crecer el parque eléctrico verde.
La nueva legislación es una prioridad para el Ejecutivo de Sánchez, que a finales de enero declaró la 'emergencia climática'. De esta forma, si el proyecto de ley está listo antes de abril, el proceso en las Cortes puede estar atado antes del verano, siempre que haya mayorías parlamentarias.
Una de las compañías más tajantes a la hora de definir su postura es Endesa. La filial de la compañía italiana Enel no quiere subastas. ¿Por qué? Porque estas abren la puerta a especuladores que no tienen detrás un proyecto energético a largo plazo y, en el caso de los accesos a la red, otra de las subastas que preocupan al sector, hacen que los precios se disparen.
“Yo no las haría”, contestó tajante hace unos días José Bogas, consejero delegado de Endesa durante la presentación de resultados anuales de la compañía. “No busco ninguna polémica”, reconoció y abogó por legislar mejor estas subastas de megavatios verdes. “Si no hubiera habido subastas, no hubiera habido tanta gente pidiendo esa conexión y luego vendiéndola”, concluyó el directivo.
En el caso de Endesa, una de las cuestiones sobre la mesa es qué pasará con el actual acceso a la red de su planta térmica de Andorra (Teruel). Es decir, si su cierre supondrá que ese acceso salga al mercado, por ejemplo, vía subasta; o si la filial de Enel podrá mantenerlo y seguir operando. En este caso, la compañía propone al construcción de una megaplanta fotovoltaica aprovechando ese acceso a la red eléctrica.
APETITO INVERSOR
Otras compañías son mucho más cautas y no desvelan claramente sus preferencias. Es el caso de Iberdrola. “No es una cuestión sobre qué preferimos, porque es el Gobierno el que decide qué política decide aplicar. Dicho esto, estamos en un momento de alta demanda. Hay muchos, muchos inversores listos para invertir en el sector”, enfatizó en la conferencia con analistas el presidente de la eléctrica vasca, Ignacio Sánchez Galán. “El país tiene que asumir estos compromisos, con los que el mercado puede beneficiarse, pero repito, será el Gobierno el que decida”.
Y, entre medias, otras compañías como Acciona y Naturgy. El grupo presidido por José Manuel Entrecanales no ve mal las subastas pero siempre que se regulen y marquen requisitos más claros para evitar a los especuladores. Es decir, ir más allá del criterio precio.
"Acudiremos siempre con prudencia y dentro de los límites que nos marca la capacidad de evacuación y los derechos que ya tenemos en otras localizaciones. Somos asépticos y depende de las condiciones", reconoció Entrecanales el viernes ante los medios de comunicación. En su opinión, estas subastas tienen que darse “entre agentes equilibrados y con garantías de cumplimiento, que los elementos de solvencia y capacidad estén homogeneizados. Deben cumplir unos mínimos, hay que asegurarse de que lo que ofrece cada uno lo tiene que cumplir y con una calidad mínima, como sucede en cualquier obra pública", concluyó.
Quien no se ha pronunciado públicamente ha sido Naturgy. En su caso, en los últimos años sí ha estado a favor de este modelo, de hecho ha pujado en estas subastas verdes. Por ejemplo, en 2017, cuando aún era Gas Natural Fenosa se adjudicó una subasta de 250 MW fotovoltaicos y, ese mismo año, otros 667 MW de potencia eólica. Sólo estos últimos conllevaban una inversión de 700 millones de euros. Una apuesta global por las renovables que seguirá acelerándose, sin duda, en los próximos años, dado que el Ejecutivo ha dejado clara que su prioridad es una economía descarbonizada en 2050.
