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Viernes, 07 de Diciembre de 2018
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El Congreso carga contra el Gobierno de Zapatero por su gestión de la crisis

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro ha emitido su dictamen final definitivo, en el que recoge sus conclusiones sobre las comparecencias que se han sucedido durante catorce meses. En ellas, se critica la gestión en los inicios de la crisis económica del Gobierno socialista capitaneado por José Luis Rodríguez Zapatero, que "faltó a su deber de transparencia y al principio de precaución al minimizar la gravedad de la crisis en su fase inicial".

noticias | Viernes, 07 de Diciembre de 2018 - Actualizado a las 06:00
El Congreso carga contra el Gobierno de Zapatero por su gestión de la crisis

Las conclusiones aprobadas por todos los grupos en relación con el bloque relativo a la crisis económica y financiera, que fueron propuestas por el Partido Popular y Ciudadanos y a las que ha tenido acceso Bolsamanía, indican que "la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal deben ser herramientas y objetivos prioritarios del Gobierno de España", el cual debe "tomar medidas" cuando la política monetaria y fiscal europea no se ajuste con la situación del ciclo económico español.

Además, se considera que las administraciones deben estar "suficientemente financiadas" para evitar "tentaciones de incrementos de ingresos de forma temporal en algún sector de actividad" que puedan provocar "la generación de una nueva burbuja". También se critica que el Gobierno de Zapatero "faltó al deber de transparencia" y de su Plan E se dice que fue "un colosal error".

En el apartado relativo a las cajas de ahorro, los grupos destacan que la "falta de rendición de cuentas, en ausencia de presión competitiva", permitió una expansión de estas entidades "al margen de criterios básicos de rentabilidad y ocultó situaciones de abuso de las posiciones de gestión". No se incluye ninguna crítica a la gobernanza de las cajas de ahorro, cuyos consejeros eran mayoritariamente nombrados por instituciones como ayuntamientos o comunidades autónomas.

En cuanto a la intervención de Popular, la única conclusión a la que llegan los grupos parlamentarios es que la falta de liquidez que llevó a la entidad a su resolución "fue generada por una serie de factores, algunos de los cuales podrían haberse evitado". En este sentido, Ciudadanos propone reformar el sistema de resolución de las entidades. Sobre Bankia, en las conclusiones solamente se hace una descripción de los hechos.

Las conclusiones más extensas tienen que ver con los reguladores, especialmente con el Banco de España, contra el que ya cargaban los grupos en el borrador del informe final. De él, las conclusiones aprobadas en el informe final señalan que "no cumplió su mandato" durante los años de la burbuja inmobiliaria, "miró hacia otro lado" y "permitió la salida a bolsa de Bankia".

Entre las conclusiones aprobadas se recoge la idea de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) debería estar integrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una idea que el Gobierno ya puso sobre la mesa junto a la reforma de otros reguladores, pero que ha quedado en suspenso. También se subraya la necesidad de crear una autoridad que defienda al cliente financiero, algo en lo que ya trabaja el Ministerio de Economía y Empresa.

PROPUESTAS DE REFORMA DE LOS REGULADORES

En el apartado de los reguladores, los grupos dedican varias páginas a emitir sus propuestas para reformar el papel de instituciones como el Banco de España o la CNMV. El Grupo Parlamentario Popular sugiere un intercambio de competencias entre estos dos supervisores. Por un lado, traspasar al Banco de España las competencias de supervisión de la solvencia de las empresas de servicios de inversión que actualmente tiene la CNMV y las competencias de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) de supervisar la solvencia de las aseguradoras.

Por otro lado, los populares creen que la CNMV debería tener las competencias supervisoras sobre normas de conducta relativas a la comercialización de productos bancarios y de seguros y fondos de pensiones, actualmente en manos del Banco de España y la DGSFP. Este grupo también propone que todos los servicios de reclamaciones se unifiquen en la CNMV, cuyas resoluciones deberían ser vinculantes.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propone, entre otras muchas medidas, una reforma del Banco Central Europeo (BCE) como institución de servicio público, así como que se garantice la equidad en el trato a las entidades tomando en cuenta sus características, su tamaño y su modelo. Este grupo sugiere que se ponga en marcha un Fondo de Garantía de Depósitos europeo, una propuesta que ha sido aplazada por el Eurogrupo esta semana.

Ciudadanos plantea la creación de una autoridad de análisis de riesgo sistémico, algo que verá la luz próximamente. El departamento que dirige Nadia Calviño ya trabaja en la creación de una Autoridad Macroprudencial y, de hecho, la próxima semana se aprobarán sus primeros pasos en Consejo de Ministros.

Por último, en el apartado de los retos de futuro, los grupos han aprobado concluir que la normativa hipotecaria actual ha funcionado desde el punto de vista del acceso a la financiación de la vivienda, pero no en cuanto a la protección del consumidor. "Han sido los tribunales quienes han tenido que adoptar interpretaciones más favorables al consumidor que lo estipulado en la legislación doméstica aplicable, lo que ha generado una inseguridad jurídica que ha puesto en cuestión ciertos instrumentos y conductas bancarias", por lo que futuras legislaciones deben "tener unas reglas muy claras", indica el texto.

De hecho, estos mismos grupos han debatido durante las últimas semanas el texto definitivo de la nueva ley hipotecaria, que incorporará plazos más largos para que las entidades puedan ejecutar una hipoteca y menores comisiones para la amortización anticipada del préstamo, entre otras medidas. Como principal novedad, incluirá un reparto de los gastos hipotecarios, que recaerán en sus totalidad sobre la banca, con la excepción del relativo a la tasación de la vivienda.